El pleno de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) habría negado este martes la extradición de los exmilitares detenidos que están siendo reclamados por España por su supuesta vinculación en la masacre contra los padres Jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989.
De acuerdo con una publicación hecha por rotativo nacional, la resolución fue firmada por los 15 votos del mismo número de magistrados de la CSJ. Hasta el momento la resolución no se ha dado a conocer públicamente.
Según dicha publicación, Belarmino Jaime, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, aseguró vía telefónica que “se tomó la decisión de denegarlo pero estamos en la cuestión de los fundamentos”.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el pasado 5 de febrero junto Benavides a los exsargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; y al excabo Ángel Pérez Vásquez. Las capturas fueron en cumplimiento a la segunda difusión roja emitida por la Audiencia Nacional de España en contra de los 18 exmilitares implicados en el asesinato de los jesuitas.
La decisión de no extraditar se da a poco más de un mes de que la Sala de lo Constitucional derogara la Ley de Amnistía que protegía a quienes participaron en crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil salvadoreña de 1980 a 1992 y que dejó un saldo de más de 75 mil muertos según la Comisión de la Verdad de la Naciones Unidas.
El abogado y defensor de los derechos humanos, Benjamín Cuéllar, considera que- de haberse negado la extradición- se debe a que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía el pasado 13 de julio.
“Ahora, no los quieren extraditar-estoy especulando- porque creen que aquí van a seguir manipulando el sistema y otros porque creen que aquí va a funcionar el sistema. En cambio es una oportunidad para el país que se ha generado a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el poner a prueba de nuevo, 23 años después de que la Comisión de la Verdad dijera que este sistema no funcionaba, se vea que realmente ha evolucionado este país en materia de impartición de justicia”, dijo Cuéllar.
Por su parte el abogado de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Oscar Campos, señaló que “aunque aún no se han dado a conocer las fundamentaciones de dicha resolución, esperamos que tenga que ver con el tema de la justicia transicional que se está buscando a través de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, hay muchos casos que no han sido juzgados y creemos que éste puede ser sometido a la jurisdicción salvadoreña nuevamente”.
