Diversas reacciones se han generado por la acción de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, entre ellas la del ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien calificó la decisión como un "error político".
Munguía Payés señaló que sería un error político ya que “suficientes problemas tiene el país en este momento de carácter de seguridad, tensionamiento político y venir en este momento a derogar la Ley de Amnistía, podría poner en peligro, ojalá no sea así, la estabilidad política del país y la convivencia pacífica que hemos tenido los salvadoreños desde los Acuerdos de Paz”.
Por otra parte, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, manifestó que no se puede hablar a la ligera de “un tema que es grave” por lo que hay que leer y estudiar la sentencia.
"En realidad lo que aquí no hemos tenido es un verdadero proceso de justicia y reconciliación (“¦) lo que no hemos tenido es proceso de verdad, justicia y reconciliación y no lo resuelve la amnistía ni la declaratoria", indicó la legisladora.
Agregó que la verdad es importante y es la base de una verdadera reparación moral y de reconciliación, a la vez que aseguró que no se trata de crear más odio. "Sobre la base de la verdad se fundamenta un país, cómo puede estar a gusto una persona que no sabe dónde enterraron a su hijo (“¦) Esta resolución daña fundamentalmente al ejército que le sirvió a la oligarquía y al gobierno de Cristiani”, añadió.
Para el defensor de los derechos humanos, Benjamín Cuéllar, la resolución de la Sala es una victoria para las víctimas porque “les empiezan a dar su lugar en la historia, ellas son las protagonistas del dolor y merecen justicia”, mencionó.
Cuéllar señaló que este es el primer paso para que El Salvador empiece a “ser mejor y que sus problemas se solucionen”. Afirmó que es necesario que la institucionalidad en El Salvador funcione para que la justicia esté al alcance de toda la población, en especial a aquellas que se les ha negado durante décadas.
La acción de la Sala es en respuesta la demanda de inconstitucionalidad que fue interpuesta por 20 organizaciones, entre ellas defensoras de los derechos humanos y víctimas de la guerra civil, el 20 de marzo de 2013.
Crímenes como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han juzgado en El Salvador puesto que los jueces se han amparado en la citada amnistía de 1993.
