Por Redacción ContraPunto
El Estado salvadoreño recaudó $15.98 millones en multas de tránsito entre junio de 2025 y mayo de 2026, una cifra prácticamente similar a la registrada durante el período anterior, pese a que el número de infracciones impuestas cayó en aproximadamente 65 %.
Según las Memorias de Labores del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), durante el período 2025-2026 fueron registradas 139,748 esquelas, frente a las 400,114 contabilizadas entre junio de 2024 y mayo de 2025.
La diferencia es de 260,366 infracciones menos. Sin embargo, la recaudación apenas varió: pasó de $15.76 millones a $15.98 millones.
La explicación principal está en el incremento de las tarifas de las sanciones, producto de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobadas a finales de 2024.
El costo de las infracciones aumentó
Con las reformas, las multas pasaron de $11.43 a $50 para las infracciones leves; de $34.29 a $100 para las graves; y de $57.14 a $150 para las muy graves.
Este cambio modificó sustancialmente el valor promedio de cada sanción. De acuerdo con los datos citados en las memorias institucionales, el promedio pasó de $39.41 a $114.40 por infracción, es decir, casi se triplicó.
La distribución de las sanciones también muestra un cambio importante.
De las 139,748 esquelas registradas en el período analizado, 61,688 fueron por infracciones muy graves, equivalentes al 44.1 %; 56,557 fueron graves, el 40.5 %; y 21,503 fueron leves, el 15.4 %.
En conjunto, las infracciones graves y muy graves representaron más de ocho de cada diez sanciones.
Los conductores particulares concentran la mayoría
Los registros oficiales indican que los conductores particulares recibieron 111,104 multas, equivalentes al 79.5 % del total.
El transporte de carga acumuló 22,243 infracciones, mientras que el transporte colectivo registró 6,401, equivalente al 4.6 %.
Las cifras colocan a los automovilistas particulares como el principal grupo sobre el que recayó la aplicación de sanciones durante el período.
Además de las esquelas, las autoridades reportaron 3,279 pruebas de alcohol y 258 pruebas para detectar drogas. Como resultado de los controles, 2,273 conductores fueron retirados de circulación por conducción peligrosa.
¿Más seguridad o mayor presión económica?
El incremento de las multas ha generado una discusión entre los conductores sobre el objetivo de la política sancionatoria.
Para las autoridades, las reformas buscan elevar el costo de las conductas peligrosas y fortalecer la seguridad vial. Sin embargo, entre los motoristas existe otra lectura: el aumento de las sanciones representa una presión económica considerable para quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse diariamente.
Conductores consultados suelen señalar que una multa de $100 o $150 puede representar una cantidad difícil de asumir para una familia que vive con ingresos limitados, particularmente cuando se acumulan otras obligaciones como combustible, mantenimiento, seguros y reparaciones.
Algunos motoristas también sostienen que el sistema debería priorizar la prevención y la educación vial antes que la sanción económica, especialmente en infracciones que pueden corregirse mediante capacitación y controles más frecuentes.
Otros conductores, sin embargo, reconocen que las sanciones más fuertes pueden ser necesarias frente a comportamientos que ponen directamente en riesgo la vida de terceros, como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder límites de velocidad o realizar maniobras peligrosas.
La discusión, por tanto, no se limita al monto de las multas, sino a qué tan efectivo resulta el sistema para modificar la conducta de los conductores y reducir los accidentes.
El dato que genera debate
La principal particularidad de las cifras oficiales es que el Estado recaudó prácticamente la misma cantidad de dinero aplicando una tercera parte de las multas que en el período anterior.
Mientras las infracciones descendieron de 400,114 a 139,748, los ingresos apenas disminuyeron: por el contrario, aumentaron aproximadamente $219,217.
Esto significa que el sistema pasó de aplicar una mayor cantidad de sanciones de menor valor a imponer muchas menos multas, pero con un valor económico considerablemente superior.
Para los motoristas, el desafío será determinar si esta transformación se traduce efectivamente en menos accidentes y conductores más responsables, o si termina siendo percibida principalmente como un incremento del costo de cometer una infracción.
La discusión adquiere mayor importancia porque una política de seguridad vial no se mide únicamente por cuánto dinero ingresa al Estado, sino también por su capacidad para prevenir muertes, reducir lesiones y modificar comportamientos en las carreteras.
Los datos del MOPT muestran, en cualquier caso, una transformación profunda del sistema de sanciones: menos esquelas, pero multas considerablemente más caras.
