El arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, expresó su desacuerdo contra el Estado de Excepción que impuso el gobierno con el apoyo de la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, para controlar el alza de la violencia en el país, que del 25 al 27 de marzo dejó más de 85 personas asesinadas.
Sin embargo, el Jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña justificó al gobierno, que en algunas condiciones este tipo de medidas es necesario realizarlas, para controlar algún problema social.
“El estado de excepción es algo que a nadie le agrada y que ojala no lo tuviéramos, pero a veces la situación es tan grave y crítica que se opta por este tipo de medidas, siendo una medida fuerte y que quita los derechos a las personas, es como una medicina de mal gusto, por eso se establece un máximo de 30 días en nuestra Constitución”, dijo Alas,.
Por otra parte, pidió un proceso justo para todos los capturados y señaló que existen posibilidades donde se haya apresado a personas inocentes.
“Confiamos en los abogados que puedan establecer justicia, sobre todos los jueces que llevarán estos casos”, indicó.
El arzobispo afirmó que como iglesia están vigilantes ante esta situación, siendo respetuosos de todas las posiciones y opiniones, haciendo un llamado que este tema sea sin fines políticos y partidarios, sino por el bien común de la nación.
Agregó que hay que escuchar todas las versiones y muchas escuchadas por su parte han sido comunes entre feligreses y conocidos que de cierta manera se sienten más seguros bajo estas medidas.
“De seguro ha habido casos en los que se haya llevado a personas que son inocentes y por eso tiene que haber un proceso justo para todos ellos. Confiamos en los abogados que puedan establecer justicia y sobre todo los jueces. Quiero decir que ante esta situación he escuchado muchos comentarios y creo que todos los hemos oído y como Iglesia estamos vigilantes de esta situación”, apuntó.
El régimen de excepción fue aprobado en la madrugada del 27 de marzo y se suspendieron los derechos a la defensa, a la inviolabilidad de la telecomunicaciones y correspondencia, a la libertad de asociación y a la detención administrativa por 72 horas.
La suspensión de garantías constitucionales vence la próxima semana, pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, adelantó que pedirán otro régimen.
