El fiscal general, Douglas Meléndez expresó este lunes que hay presiones y amenazas en contra de fiscales de distintos países por impulsar las investigaciones sobre el denominado caso de la empresa brasileña “Odebrecht”, acusada de construir una red de sobornos a gobiernos de varios países y entre los que podría estar El Salvador según Meléndez.
“Muchos fiscales y procuradores de países estamos siendo presionados y algunos hasta amenazados por esta investigación”, dijo Meléndez.
El fiscal general salvadoreño lo dijo en Panamá, país en el que se reúnen varios fiscales y procuradores de América Latina para abordar el tema de la cooperación contra la corrupción en sonados casos como el de Odebrecht.
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Meléndez sostuvo que los procuradores y fiscales se están volviendo una especie de “barrera de defensa del ciudadano”, acción que les ha derivado amenazas de distintos sectores.
Asimismo, en su intervención, señaló que la trama de sobornos de Odebrecht que ya ha encarcelado a varios implicados en Brasil, no solo salpicó al sector privado, sino también a sistemas políticos.
“En el caso de estos sistemas corruptos no solo corrompieron y se acercaron al sistema de contratos. También se acercaron a los sistemas políticos de nuestros países, que podría ser el caso de El Salvador”, concluyó Meléndez.
Las implicaciones de El Salvador en este caso se dan luego que autoridades ya condenadas de la empresa brasileña señalaran al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su entonces esposa, Vanda Pignato, de haber recibido $1.5 millones de dólares para financiar la campaña electoral de Funes que lo llevó a la Presidencia entre 2008 y 2009 bajo la bandera del FMLN.
Al respecto, tanto Funes como Pignato han desmentido los señalamientos.
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La trama de sobornos de Odebrecht consiste según investigaciones, en financiar campañas electorales en varios países y sobornar para conseguir contratos de obras públicas, una acción que sigue siendo investigada en el continente desde que se destapó el caso en Brasil.
Odebrecht admitió en un juicio estadounidense haber cometido delito de soborno al pagar $788 millones en al menos otros 12 países, entre ellos 8 de América Latina para conseguir contratos públicos.
