CIUDAD DE MÉXICO – Con la aprobación del Tratado México‑Estados Unidos‑Canadá (T‑MEC), la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eliminó un importante obstáculo potencial al pacto comercial. El Senado mexicano ya aprobó el acuerdo, y se espera que el Senado estadounidense y el Parlamento canadiense hagan lo mismo el año entrante. Una vez vigente, el T‑MEC (que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) tendrá amplias consecuencias para México en particular.
La votación de la Cámara de Representantes se demoró más de un año desde que los líderes de los tres países firmaron el T‑MEC en Buenos Aires, en noviembre de 2018. Para muchos, fue una espera más larga de lo previsto; para otros fue todo lo contrario, teniendo en cuenta que los republicanos perdieron la mayoría en la Cámara en la elección intermedia del año pasado. Había en los tres países funcionarios y analistas que confiaban en que el Congreso aprobaría el acuerdo, dadas las importantes concesiones en materia de empleo, normativa laboral, medioambiente, resolución de disputas, productos lácteos y propiedad intelectual que el presidente estadounidense Donald Trump les arrancó a los gobiernos mexicano y canadiense. Y era un optimismo justificado.
Pero ya había llegado Acción de Gracias en los Estados Unidos (a fines de noviembre) y la administración Trump todavía no había enviado el proyecto del T‑MEC a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el acuerdo se pospusiera hasta después de la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos.
El aparente impasse se debió a razones de índole política y material. La cuestión política era obvia: si Pelosi apoyaba el T‑MEC (demostrando así la capacidad de los demócratas para privilegiar el interés público) le habría dado a Trump una victoria al mismo tiempo que la Cámara le iniciaba un proceso de destitución. Pero si se oponía al tratado, con el argumento de que no se habían tenido en cuenta las demandas de los sindicatos estadounidenses, habría expuesto a los demócratas a la acusación de Trump de que no piensan en otra cosa que anular el resultado de la elección de 2016. Al final, Pelosi se decantó por apoyar el acuerdo, porque calculó que los beneficios de una postura constructiva superaban las desventajas de darle a Trump algo de que alardear.
Las dificultades materiales, en tanto, tienen que ver más que nada con la fiscalización de las disposiciones del T‑MEC referidas a normas laborales, ambientales, de propiedad intelectual y de resolución de disputas. En particular, los sindicatos estadounidenses (sobre todo la AFL‑CIO) y muchos congresistas demócratas exigían modificar el acuerdo para que funcionarios estadounidenses puedan realizar inspecciones in situ no anunciadas a plantas y empresas en México, con el argumento de que esos controles son necesarios para asegurar que México cumpla realmente las cláusulas referidas a (entre otros temas) negociaciones y contratos colectivos, condiciones de trabajo y elección de dirigencias sindicales. Al principio los negociadores mexicanos rechazaron esta demanda, pero conversaciones posteriores concluyeron el 10 de diciembre con un acuerdo aceptable para todos: Trump, los representantes demócratas, la AFL‑CIO y los gobiernos mexicano y canadiense.
Igual que el TLCAN, el T‑MEC es mucho más importante para la economía de México que para la de Estados Unidos. Además, las disposiciones laborales y ambientales del nuevo acuerdo van dirigidas esencialmente a México. Pero aunque estas medidas adicionales son bienvenidas, llegan en un momento difícil para la economía del país.
Cuando en 1993 se llegó finalmente a la aprobación del TLCAN en Estados Unidos, sólo incluía acuerdos complementarios en relación con la normativa laboral y el medioambiente, y prácticamente ningún mecanismo de control, por no hablar de sanciones al incumplimiento. En 2017, cuando Trump obligó a México a renegociar el TLCAN, los demócratas, sindicatos y activistas ambientales en Estados Unidos se quejaban de que México llevaba un cuarto de siglo tomándole el pelo a Estados Unidos, sin mejorar sus prácticas laborales y normativas ambientales. Tal vez los críticos exageraran (el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había convencido al congreso mexicano de que aprobara amplias reformas laborales), pero algo de razón tenían, y en las negociaciones para el T‑MEC, se prestó más atención a la fiscalización de las cláusulas del acuerdo.
El resultado fue que el T‑MEC modificado contiene una serie de muy necesarios mecanismos de fiscalización. Para empezar, se traslada el peso de la prueba en lo referido a presuntas violaciones de normas laborales o ambientales, del acusador (que en la mayoría de los casos es Estados Unidos) al acusado (por lo general, México). También se establece un sistema de respuesta rápida, con tribunales independientes que se encargarán de recibir quejas, evaluar posibles violaciones de los derechos laborales e imponer sanciones si las hubiera. Finalmente, Estados Unidos enviará a México ocho agregados comerciales (cinco para temas laborales y tres para asuntos ambientales) que se encargarán de “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones de México en estas áreas.
Los agregados laborales informarán cada tres meses a un comité laboral interagencial estadounidense, y en principio estarán habilitados para recibir quejas (esto incluye una línea telefónica directa atendida las 24 horas) e investigar presuntas violaciones de las leyes laborales mexicanas. Las autoridades mexicanas manifestaron dudas respecto de si estas disposiciones realmente forman parte de lo acordado en Ciudad de México el 10 de diciembre; la comunidad empresarial mexicana, en tanto, las recibió con sorpresa y malestar. Pero es probable que se mantengan, porque son estas concesiones mexicanas las que convencieron a los sindicatos estadounidenses y a los demócratas de apoyar el acuerdo de Trump.
Sin embargo, no será fácil eliminar de un día para el otro algunas de las ventajas competitivas más significativas (y embarazosas) que tiene México. El boom exportador mexicano del último cuarto de siglo ha tenido como ingredientes esenciales una mezcla de bajos salarios, condiciones de trabajo deplorables, sindicatos domesticados y desprecio total del medioambiente.
Es probable (y sin duda deseable) que el T‑MEC, al crear en la práctica un protectorado laboral y medioambiental, obligue a México a abandonar esas prácticas vergonzosas. Pero hacerlo en un momento en que la economía mexicana está estancada o cayendo en la recesión puede traer más mal que bien. En tanto, está claro que las nuevas disposiciones laborales y ambientales harán al sector privado (local y extranjero) más renuente a invertir en un país gobernado por un presidente errático e ideologizado.
Bien puede ocurrir que el T‑MEC consiga mejorar marginalmente la situación estadounidense en materia de empleo, inversión, normativa laboral, medioambiente y resolución de disputas. Pero si el objetivo es estimular el crecimiento económico y el bienestar y reforzar el Estado de Derecho en México, nada de eso sucederá pronto.
Traducción: Esteban Flamini
Jorge G. Castañeda, ex ministro de asuntos exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.
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