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sábado, 15 de mayo del 2021

Medios de comunicación y calidad de la democracia

Se ha conmemorado recientemente el dí­a dedicado a los pueblos indí­genas, proclamado por la Organización de las  Naciones Unidas. Constituyen una gran riqueza al representar diversidad: en 90 paí­ses hay más de  5, 000 grupos;  hablan  buena parte de las 7000 lenguas existentes en el mundo. Suman 370 millones de personas, que están entre las poblaciones menos favorecidas y afrontan muchas vulnerabilidades. El reconocimiento de su identidad, su forma de vida, el derecho sobre sus territorios y recursos naturales son parte de esos problemas.

En El Salvador, la conmemoración del dí­a de los pueblos indí­genas sirvió para poner en perspectiva los sucesos ocurridos durante el alzamiento de 1932 en el occidente del paí­s. En esa zona, especí­ficamente en Tacuba, Ahuachapán, funciona desde abril pasado la primera radio indí­gena del paí­s bajo el nombre de Radio La Voz de mi Gente. Un proyecto que se remonta al año 2007 surgido de  un grupo de jóvenes entusiastas residentes en las comunidades de la zona.

La cooperación ha sido fundamental para el proyecto. Un transmisor donado por el Fondo de las naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, dio la oportunidad para que los contenidos fueran escuchados. Es un paso importante que se da a tres años de la aprobación de un conjunto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, consistentes en el reconocimiento legal de los medios comunitarios por radiodifusión, la eliminación de la prórroga automática de las concesiones y la inclusión de mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias. También la incorporación de las nuevas tecnologí­as de la info-comunicación, y la actualización de asuntos de tipo administrativos, financieros y técnicos de la Ley, y disposiciones temporales para aplicar la televisión digital.

En términos de libertad de expresión, hay una innegable relación entre medios de comunicación y calidad de la democracia. Jurisprudencia de organismos internacionales ha reiterado la doble dimensión  de la libertad de expresión. Que nadie sea afectado  o impedido arbitrariamente de su ejercicio, y que es un derecho de la colectividad a recibir todo  tipo de información. 

Al margen del uso instrumental dado a causa nobles como el combate a la corrupción, la participación ciudadana en asuntos públicos, como la exigencia a los funcionarios de ser transparentes, que respeten la ley y a que sean responsables, podrán ser posibles con polí­ticas públicas que  favorezcan el establecimiento de un sistema de medios plural; en el que participen los sectores estatal, comercial y comunitario. Esto como una forma de consolidar aquella reforma aprobada en mayo de 2016.

Dar ese paso implica la asunción por parte de los Estados de convertirse en promotor de la calidad en los medios a través del fomento a la pluralidad y el acceso a la población de contenidos positivos para la democracia. No es un rol de censor, más bien, es el de facilitador de la convivencia social, que aporte a la promoción del servicio social y público de los medios. No puede negarse que hay avances en cuanto a libertad de expresión y en la apertura a la libre circulación de ideas en comparación a décadas anteriores; pero persisten prácticas que deben ser modificadas.

UNESCO brinda algunos indicadores que pueden ser útiles para medir si el trabajo de los medios es regido por prácticas democráticas. La existencia de  "un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social; igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad de los medios, para propiciar una gama diversa de medios públicos, privados y comunitarios; que sean plataforma para el discurso democrático".      

El Estado, los medios, el movimiento social, los polí­ticos, la academia, la audiencia, ¿están dispuestos a trabajar por ese ideal?, o ¿solo queda conformarse con recordar como anécdota que uno de los propósitos de la negociación plasmado en Ginebra, en abril de 1990, era “impulsar la democratización del paí­s”?     

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