Con 64 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una prórroga de seis meses para las medidas extraordinarias de seguridad, pese a que el gobierno y los partidos GANA y FMLN, buscaban fuese de un año más.
El decreto de prórroga tuvo breves modificaciones, como por ejemplo, a partir de esta medida, el Ministerio de Justicia y Seguridad deberá ofrecer a licitación pública las compras o adquisiciones necesarias para el cumplimiento de las medias, según lo ordena la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
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“Para garantía y satisfacción de ARENA, en cuanto a las contrataciones directas, se agregó lo que dice la ley LACAP para requisitos que tienen que cumplirse, y aunque ya está establecido, pero para mayor tranquilidad se modificaron los artículos 71 y 72 sobre las contrataciones directas”, dijo el diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
Además se suprimió el artículo cinco de la normativa que suspendía las audiencias presenciales para hacerlas virtuales por treinta días, que había entrado en vigencia en 2016 pero que a la fecha ha quedado ya obsoleto.
Previo a la aprobación, el tema generó discusión entre parlamentarios. ARENA por su parte, sostiene que medidas deben revisarse en cuanto a su eficacia y legalidad. El FMLN y GANA, manifiestan que no debían hacerse modificaciones a las actuales medidas.
“La prórroga está dirigida a tener el tiempo necesario para analizar las medidas extraordinarias puntualmente. Debemos ser enérgicos en señalar que la lucha contra el crimen debe tomar posesión en el terreno dentro de la legalidad”, dijo el diputado de ARENA, Mauricio Vargas.
El FMLN lamentó que ARENA vea de forma “reduccionista” los logros en seguridad que las medidas han generado, según lo dijo el diputado oficialista, Roger Blandino Nerio.
"En este quinquenio se trabajó con responsabilidad en seguridad. Las Medidas Extraordinarias han contribuido a controlar el problema de mando que desde los centros penales se ejercía sobre los grupos pandilleriles. Creemos que las medidas han cumplido", expuso Nerio.
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Igual postura mostró el presidente del Órgano Legislativo y diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
"Esta votación tiene un sabor agridulce porque hubiéramos querido que las medidas fueran aprobadas por un año, o que fueran permanentes, sin embargo apoyaremos que sean medidas hasta por seis meses", dijo Gallegos.
La aprobación de seis meses no es lo que el gobierno planteó al presentar solicitud de prórroga que era de un año a partir del 30 de abril próximo, día en que se vence la prórroga dada el año pasado.
Las medidas han generado diversas reacciones en los últimos meses. Organismos internacionales de Derechos Humanos vinculados a las Naciones Unidas, han exhortado al país a derogarlas, argumentando que violan los derechos humanos de los reos. No obstante, ni los Órganos Ejecutivo y Legislativo comparten esta visión.
Durante los próximos seis meses, diputados estudiarán qué medidas se vuelven transitorias y cuáles se vuelven permanentes tanto en los seis centros penales en los que se aplica actualmente, o se amplían a los 27 centros a nivel nacional
