Por Alessia Genoves
“Identidad de Género” es la demanda social que organizaciones de diversidad sexual y genérica reiteran a la Asamblea Legislativa. La legislación de una Ley de Identidad de Ǵénero y la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) fueron temas de consigna de la Marcha contra la homo-lesbo-trans-fobia, que se desarrolló ésta tarde, en las calles de San Salvador.
La Asamblea Legislativa, por su parte, estaría obligada a “emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre, para que sea compativle con su identidad de género”, según lo ordenó la Sala de lo Constitucional a la Asamblea legislativa, el pasado 21 de febrero, en la resolución 33-2016/195-2016.
La marcha consuetudinaria se celebra mundialmente, para conmemorar la fecha oficial en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la “homosexualidad” de la clasificación de enfermedades mentales, en el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5); el 17 de mayo de 1990. Y aunque la fecha no es coherente con la participación de consignas transgénero y transexuales, la organización también eliminó a la transexualidad de la clasificación diagnóstica, el 18 de junio de 2018.
Demandas
Desde el Parque Cuscatlán hasta la Asamblea Legislativa se desplazó la marcha consuetudinaria, con una cantidad no muy abastecida de participantes. Las vocerías reiteraron la demanda constitucional a la Asamblea Legislativa, para reiterar el cumplimiento de las órdenes establecidas por la Constitución de la República (art. 3), y el de la última resolución de la Sala de lo Constitucional, para la construcción y reforma de leyes secundarias que formalicen el cambio de nombre e identidad de género y sexo de la ciudadanía salvadoreña.
La demanda por la aprobación de una Ley de Identidad de Género fue reiterada el pasado 17 de mayo del año pasado, después de que la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, de la institución legislativa, ordenara llevar a archivo la propuesta, junto con el anteproyecto de Ley por la Igualdad y la No Discriminación (LIND), al ser consideradas “obsoletas”, y que “no responden a las necesidades de la población”, tres días antes.
“Fue tachada de obsoleta, y que no representaba ninguna realidad; cuando las diferentes organizaciones de derechos humanos (..) hemos evidenciado, a través de informes y de estudios, la realidad que enfrentan las personas trans en nuestro país”, manifestó a la prensa la a representante de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans), Amalia Leiva.
Un nuevo ante-proyecto sobre la Ley de Identidad de Género, fue enviado al edificio legislativo, el pasado 21 de agosto (2021). Recibió la moción de Anabel Belloso y Rocío Menjivar, del FMLN; así como por la suplente de NT, Linda Funes. Sin embargo, las organizaciones proponentes informaron a ContraPunto que aún no han consolidado un diálogo formal con los legisladores.
“Solicitamos a la Asamblea Legislativa que en su agenda de país priorice la regulación de marcos normativos a favor de la población trans, que ponga especial énfasis en aprobar una ley de identidad de género”, formalizaron las organizaciones LGBT, en un comunicado oficial.
📣 Este #17M #IDAHOBIT Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia, Transfobia e Intersexofobia
La Federación Salvadoreña LGBTI nos pronunciamos ante la situación de las personas LGBTIQ+ en El Salvador.
#IDAHOBIT2022 #IDAHOTB #IDAHOT #LGBTIQ 🌈 pic.twitter.com/G15TRbyvwO
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) May 17, 2022
Discrimación
La Ley de Identidad de Género, la LIND; y propuestas de ley relativas al matrimonio igualitario son definidas como una medida de reparación ante la discriminación social que han documentado múltiples estudios, como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoris Trans; la organización AMATE El Salvador; Comcavis Trans; Dike+ entre otras integradas a la Mesa Temática por una Ley de Identidad de Género.
“La Ley de Identidad de Género representa la reparación a todo ese daño, y a todo ese odio; a toda esa muerte, a toda esa falta de acceso (de servicios básicos). A las que nos quedamos sin un título universitario, por ser personas transexuales; a las que nos hemos quedado sin trabajo, por la discriminación a nuestra identidad y expresión de género, conforme a nuestro nombre (impuesto) que no nos representa”, comentó una de las liderezas de la Mesa, Ambar Alfaro.
Entre otras cosas, también demandaron al Estado el cese de vulneraciones contra los derechos humanos de poblaciones LGBT+, ante hechos de “tortura, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso” que asociaron a los “agentes de seguridad pública”.
El incremento de los operativos militares apenas alertaban a Comcavis y a la Plataforma de Seguridad Ciudadana, el año pasado, cuando los elementos de seguridad militar incrementaron de cerca de 20 mil unidades a las 40 mil; en concordancia con el gasto público, para oficializar la fase IV del PCT.
Sin embargo, además de amate, ni ASPIDH, ni organizaciones de la FESLGBT+ han alertado posibles atentados contra personas LGBT+. Pero ya en 2018, ASPIDH advertía que los elementos policiales han tenido una mayor influencia delictiva (20%) contra las mujeres trans, menor únicamente al de las maras y pandillas (46%), según lo constata en el informe ¡Basta de Genocidios Trans! del año 2018.
Lo que no mencionaron las organizaciones sociales, es que la reducción gradual de homicidios contra personas LGBT es un hecho. Las cifras con coherentes con la reducción general de homicidios reportados durante la gestión administrativa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La actual administración se ha caracterizado por declarar la implementación del Plan Control Territorial (PCT), cuyos programas fueron anunciados en informes oficiales hasta el año 2020.
La tendencia se observa con los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.
