“En los primeros días de noviembre de 1983, el batallón Atlacatl incursionó en la zona de Cinquera-Radiola. Las tropas élites que recién habían regresado de Estados Unidos donde los entrenaron en torturar y asesinar a gente humilde, se tomaron el cerro Timpincuqui. Desde esa altura los soldados vieron a los más de 300 pobladores del cantón del viejo Copapayo que se habían escondido en una quebrada a la orilla del lago Suchitlán. Los soldados bajaron a la quebrada y abrieron fuego de ametralladora sobre la gente indefensa… decenas de pobladores intentaron huir en 3 lanchas al otro lado del lago, pero las bestias uniformadas ametrallaron las lanchas y toda esa gente murió… Los soldados rastrillaron los montes y mataron a mucha gente que hallaron. En la tarde llevaron unas 100 personas amarradas hacia La Escopeta, donde violaron a las muchachas y niñas y las decapitaron después. A la siguiente mañana llegaron a San Nicolás, donde encerraron a los hombres en una casa y las mujeres y niños en otra. El coronel Monterrosa personalmente dio la orden de ametrallar a la gente encerrada y tumbar las casas sobre sus cadáveres. Los testigos estiman que entre el 4 y 5 de noviembre, en Copapayo y San Nicolás los soldados mataron de 120 a 150 personas”: testimonio de un sobreviviente.
Un día como hoy, en 1983, el Batallón Atlacatl asesinó entre 120 a 150 personas en el Cantón La Escopeta y el caserío Copapayo Viejo. En 2002, 20 años después de ocurrido el hecho, siendo parte del CPDH "Madeleine Lagadec", iniciamos la exhumación de esta historia, de tantas historias congeladas por el dolor y la impunidad. Ese día cruzamos el lago Suchitlán y viene a mi memoria el tic nervioso del ojo de don Alfonso Sosa, que repetía una y otra vez, desde el mismo dolor, la matanza de decenas de campesinos. No hay duda que esos dolores aún se almacenan es este país y crecen y nos envuelven para recordarnos que no hay futuro si no aprendemos a curar el pasado.
La sentencia 13 – VII – 2016 de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General y mandó a la Asamblea Legislativa a promulgar una nueva Ley de Reconciliación Nacional y de asistencia a víctimas que tuviera en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que se relacionen con la conservación y fomento de la memoria histórica, para ello se emitió un primer plazo, que venció el pasado 13 de Julio del presente año. Sin una respuesta apegada a los términos de la sentencia, pues se pretendió aprobar un instrumento que nuevamente promovía impunidad, se prorrogó el mandato cuatro meses más, a cumplirse este próximo 13 de noviembre.
Esta segunda prórroga dio oportunidad a la Asamblea Legislativa para construir un instrumento coherente con los principios enunciados, sin embargo, sin una debida metodología de consulta y con una carga de intereses de quienes formulan, se teme una propuesta deficiente y poco acorde con lo solicitado.
Es importante reconocer la historia nacional para comprender la trascendencia de este tipo de instrumentos. “Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”, reza el adagio. La memoria viva desde la sociedad también es clave para ello. Para las personas asesinadas en Copapayo durante tal atroz hecho, una flor y nuestro recuerdo; para sobrevivientes, un abrazo apretado, desde el compromiso de hacer propia su memoria, su lucha, su historia, que es también nuestra.
En particular a los diputados y las diputadas de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, quienes recibieron la propuesta elaborada por la sub-comisión creada por la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional a la que se hace referencia, el recordatorio de la importancia de este instrumento, el cual debe garantizar la reparación, no repetición, el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas del conflicto armado.