jueves, 20 junio 2024

Más de 5 mil empleados públicos pensionados podrán retirarse voluntariamente

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5 mil empleados públicos podrán optar por una compensación económica de hasta $25 mil, con la recién aprobada Ley de Retiro Voluntario de Servidores Públicos.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 75 votos a favor la “Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas”. 

La ley busca modernizar el Ejecutivo y reconocer los años de servicio de los empleados públicos. Se aplicará a aquellos que hayan tramitado su jubilación y aún estén laborando en el Órgano Ejecutivo, instituciones descentralizadas y autónomas, excluyendo militares y empleados de instituciones financieras estatales, así como del Poder Judicial y Legislativo.

La normativa permitirá a más de 5,000 empleados públicos optar por una compensación económica de hasta $25,000. Los beneficiarios incluyen a empleados del Órgano Ejecutivo, docentes, personal de salud y trabajadores de la Universidad de El Salvador, entre otros. La ley establece un periodo de vigencia de seis meses, durante el cual los trabajadores podrán renunciar a sus cargos 30 días antes de su finalización. Las compensaciones se pagarán en dos cuotas.

El Ministerio de Hacienda detalló que los fondos para las compensaciones provendrán de las plazas suprimidas. En caso de que sea necesario, el Ministerio de Hacienda se encargará de gestionar los fondos adicionales. Por su parte, las entidades autónomas deberán financiar las indemnizaciones con sus propios recursos.

La compensación económica se calculará en base al último salario devengado y se pagará un salario por cada año laborado, con un tope de $25,000. Este monto estará exento del impuesto sobre la renta y será inembargable.

Carlos Salazar, director general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, informó que el pago de la compensación se realizará en dos cuotas iguales, equivalentes al monto total. Los empleados retirados recibirán el pago completo en un plazo máximo de dos meses. La ley establece que las renuncias serán consideradas aceptadas aunque no haya una aceptación expresa por parte de la institución o entidad correspondiente.

Con la aprobación de esta ley, se espera una optimización en la prestación de servicios del Ejecutivo, al tiempo que se reconoce la labor de los servidores públicos que han contribuido a las instituciones. La compensación económica por retiro voluntario busca incentivar el retiro de aquellos empleados que ya han tramitado su jubilación, permitiendo una renovación en los organismos públicos y una mejor atención a la población.

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