La clausura del TPS, o Status de Protección Temporal para salvadoreños, ha generado una serie de especulaciones, oportunismo y manoseo sobre el tema, que lejos de ayudar pueden causar confusión y bajar la moral de las personas que tienen dicho estatus. Desde los que asustan pronosticando deportaciones masivas, los que intentan adueñarse del origen del TPS, hasta los que desde antes creían tener la bola de cristal o la lámpara de Aladino para decir que Trump lo prorrogaría porque El Salvador es amigo de ellos, o los más ridículos aún que promovieron que Trump lo negaría por los carteles de “Yankee Go Home” que adornaron al candidato Gerson Martínez durante un discurso en la UES. Pare entender este tema, es necesario ver los últimos 18 meses de la última prórroga con calma y creatividad proactiva y realista. La legalización de las familias con un Estatus de Protección Temporal es una lucha personal y colectiva a seguir con responsabilidad, y para ello hay que visitar sus orígenes y observar sin preconcepciones la realidad política actual en Estados Unidos y las posibilidades que tiene cada individuo de legalizarse.
La protección temporal para salvadoreños fue inicialmente originada por el flujo de refugiados durante la guerra civil y en segunda fase, por los terremotos del 2001. Durante la década de los ochentas, los salvadoreños desarrollaron a través de sus organizaciones, una relación con un número significativo de legisladores, en su mayoría sensibles a la causa de los refugiados de guerra. Esta relación se abrió a través de un activismo de educación y presión a congresistas a través de sus electorados. Las huelgas de hambre en iglesias, caminatas, presentaciones testimoniales y manifestaciones públicas ayudaron a que miembros de parroquias llamaran a sus diputados y senadores solicitándoles que escucharan las historias de los refugiados salvadoreños en sus oficinas. Fue un trabajo bien organizado durante la década de los ochentas. Así es como los salvadoreños aprendieron cabildeo junto a muchas organizaciones seglares y eclesiásticas como CISPES, el Chicago Religious Task Force, y el TUCSON Ecumenical Council que fueron motivados por la primera gran huelga de hambre en el Centro de Detención del INS en California para formar el movimiento santuario.
Al final de la guerra civil en El Salvador, la iniciativa de Ley de Status de Protección propuesta por el Diputado Joe Moakley y el Senador Dennis Deconcini ya se había convertido en ley. Pero, para algunos congresistas conservadores, terminada la guerra no había más necesidad de un TPS. Fue ese factor que obligó a los salvadoreños a seguir luchando por extensiones cada 18 meses, lo que mantuvo vivo el esfuerzo de cabildeo durante los noventas. Es más, durante esta década los salvadoreños pudieron construir coaliciones con nicaragüenses y hondureños, lo cual les abrió participación en proyectos de ley y medidas educativas apoyadas por legisladores más conservadores, especialmente de la Florida. Además, pudieron unir sus esfuerzos a los de la embajadora de El Salvador, Ana Cristina Sol, quien contrató los servicios de una firma legal, para que les ayudara con las extensiones. Lo que había sido TPS, se transformó en DED, siglas en ingles por Deferred Enforced Departure, y luego se amplió a nacionales de otros países centroamericanos, deviniendo en NACARA, siglas en ingles para Nicaraguan Adjustment and Central Americans Relief Act. Todas estas medidas fueron resultado de un esfuerzo de cabildeo en el congreso.
El segundo TPS, el cual está en vigencia, se debe a los terremotos de 2001 y los esfuerzos de las organizaciones salvadoreñas que reactivaron su red de contactos en el congreso y el área legislativa del movimiento de solidaridad, para hacer presión al presidente Bush. Es innegable que hubo un esfuerzo de diputados y otros emisarios del gobierno salvadoreño, pero como algo más dentro de un esfuerzo masivo que abogó por los salvadoreños. A partir de esa fecha, los salvadoreños han continuado luchando junto a organizaciones como CARECEN, Centro Romero, Casa de Maryland, El Rescate, y otras que por supuesto han contado con el apoyo de los cancilleres..
¿Cómo llegamos a la última extensión? El TPS es una orden ejecutiva de carácter temporal como su nombre lo indica, y responde a una calamidad en El Salvador, cuyo impacto debe revisarse cada 18 meses. En sus correspondientes evaluaciones periódicas de la situación de El Salvador, tanto la administración Bush como la de Obama concluyeron que aun estaba peligroso para que los beneficiados de TPS regresaran. Tanto la administración Bush como Obama usaron su prerrogativa ejecutiva para extender la estadía de estos Salvadoreños en su país. Las cosas cambiaron políticamente, con la elección de Donald Trump a la presidencia, porque el Estatus de Protección Temporal no concuerda con sus políticas laboral y migratoria. Es más su poca o ninguna simpatía por inmigrantes Latinoamericanos ya habia llevado a muchos a la conclusión de Trump iba terminar con el TPS. Así es que no es culpa ni de los que piensan que socialismo es repetir “Yankee Go Home” ni los que piensan que hay que ser derechista retrogrado para mantener relaciones con Estados Unidos. Al igual que la suspensión DACA, el rechazo de ciertos írabes, la construcción de un muro entre México y EEUU, terminar el TPS es parte de la política proteccionista xenófoba de migración de Donald Trump, no es culpa de los que a su criterio venimos de letrinas. Es una decisión del presidente Trump que hoy no puede ser revertida con la capacidad política alcanzada hasta ahora por los votantes salvadoreños en Estados Unidos. Si fuéramos tan fuertes como los cubanos e israelitas, otro gallo nos cantara y a coro.
Sin embargo, no se debe dejar de lado la responsabilidad de los gobiernos de El Salvador para superar la política económica de destierro. Muchos países y organizaciones internacionales incluyendo Estados Unidos con su FOMILENIO les han tendido la mano para superar las calamidades. Se supone que de haberse usado las donaciones y ayuda humanitaria internacional para las víctimas, el país hubiera reconstruido la infraestructura dañada por los terremotos y restablecido la normalidad en la vida cotidiana de las familias impactadas. Pero, como para eso debieron haberse implementado planes concretos de desarrollo económico y una mejor utilización del erario público, préstamos y donaciones, los cuales aún penden. A pesar del flujo de financiamiento público y privado que ha entrado a El Salvador en las ultimas dos décadas, el país lejos de reponerse de los terremotos ha profundizado su situación calamitosa que es la inseguridad ciudadana. El regreso de los protegidos en Estados Unidos durante los más de 15 anos de TPS a sus lugares de origen no es posible ya que por la inseguridad que los cunde estos podrían ser albos de crímenes en sus propios vecindarios. Durante estos años las remesas de Estados Unidos a El Salvador han alcanzado alrededor de 50 mil millones de dólares. Santa Tecla, San Vicente, Cojutepeque, San Juan y San Miguel Tepezontes y otras municipalidades del centro del país más afectadas por los terremotos han reconstruido sus vecindarios, pero NO han desarrollado un ambiente acogedor para repatriar a sus hermanos “lejanos”.
El Ministerio de Obras Públicas ha implementado obras de mitigación que en su mayoría le han salido al paso al impacto fluvial en el área rural y al creciente flujo vehicular en el noroccidente de San Salvador, en los últimos años. Muchas de estas obras, con ayudas que el propio ministro Gerson Martínez gestionó en Estados Unidos, según reporte de sus giras en diciembre del 2017. Sin embargo, ningún funcionario ha expresado oficialmente que el país está listo para repatriar a sus connacionales amparados por un Estatus de Protección Temporal, TPS en estados Unidos. El Salvador de ahora es menos vulnerable a terremotos y diluvios que cuando los salvadoreños bajo TPS salieron del país, pero es más peligroso especialmente para aquellos que podrán trasladar sus ahorros al país para vivir sus vidas después de una experiencia laboral y social en el extranjero.
Pero, no todo está perdido, la lucha continua — para muestra, el Representante republicano Mike Coffman de Colorado introdujo el día 10 de enero una iniciativa de ley, H.R. 4750 que podría darle la residencia a la mayoría de los que están bajo TPS. Ahora es cuando los esfuerzos de cabildeo deben enfilarse sin distingo de bandera política y situación económica. En los ochentas y noventas, el cabildeo y la presión educativa al congreso y las distintas administraciones en Estados Unidos eran realizadas por salvadoreños y norteamericanos que simpatizaban con la izquierda. Ahora es tiempo que se agreguen a la causa todos, especialmente los que tienen poder y capacidad. Una iniciativa de ley como la de Mike Coffman va necesitar de mucho apoyo en la Casa de Representantes, el Senado y por supuesto en la Casa Blanca. Ahora es cuando los que tienen dinero y dicen apoyar pueden invertirlo en el cabildeo que se necesita en Washington. Los políticos tienen dos apetitos, votos y dinero. Muchos no pueden votar, pero pueden invertir. Ahora es cuando el gobierno de El Salvador puede contratar una firma como la que contrató la ex-embajadora Ana Cristina Sol, para que ayude a hacer un cabildeo mas efectivo. Los empresarios y todas las cámaras de comercio de todas las ciudades deben de manifestarse e invertir en la protección de sus hermanos bajo TPS.
Este es un año electoral muy importante para ambos partidos y para la administración Trump, todos los que serán candidatos necesitarán más votos y más recursos para ganar. Nada está escrito en piedra. Los precandidatos presidenciales de El Salvador pueden invertir en la causa y venir a persuadir a los legisladores más reacios a votar por una legalización, no solo a tomarse la foto. A Trump le gusta hacer buenos negocios, hay cancha abierta para los millonarios que lo quieren imitar en asumir las riendas del poder. Los republicanos van a tener serias dificultades en ser electos después de los comentarios racistas de llamar letrinas a países como El Salvador.
