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"Hay que apostarle a una diferente y beneficiosa movilización popular que promueva la convivencia respetuosa basada en vigencia innegable de los derechos humanos, desde abajo y hasta arriba".

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Por Benjamín Cuéllar Martínez


Este recién pasado sábado 3 de diciembre, Soyapango amaneció cercado por 8500 militares y 1500 policías. Esa es la cantidad publicitada petulantemente para arriba y para abajo. La extensión de este municipio no alcanza a abarcar la treintena de kilómetros cuadrados y su población no llega a las 260 000 personas. Hace poco más de dos años y medio lo presumía Nayib Bukele casi como un lugar paradisíaco, por ser “más seguro en homicidios que Costa Rica”; era, agregó entonces, “más seguro ahorita que cualquier país del mundo”. No debería extrañar semejante fanfarronada; tampoco que, con el tiempo, haya sido él quien se desmintió de hecho al lanzar este operativo con el cual –declaró– dichas fuerzas “combinadas” sacarán “uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”. ¿En qué quedamos entonces?

Entrecomillo “combinadas” por dos razones. Una: el gran número de soldados ante la menor cantidad de agentes policiales desplegados. Cantidades desproporcionadas, ¿no? Otra: por la misión constitucional de ambas entidades. La Fuerza Armada debe defender la soberanía del Estado y la integridad del territorio salvadoreño. La Policía Nacional Civil, en cambio, garantiza “el orden, la seguridad y la tranquilidad pública”; también colabora en la investigación del delito. Eso sí, sin violentar la ley ni el “estricto respeto a los derechos humanos”. Excepcionalmente, Bukele y sus antecesores deberían haber ocupado la primera para mantener “la paz interna” según nuestra carta magna. Pero ninguno respetó eso.

En este mayo, sintonizada con su “líder”, la pintoresca jefa del municipio con mayor densidad poblacional ‒se dice “novia de Soyapango”‒ presumió que gobernaba el “más seguro de Centroamérica”; eso, certificó doña Nercy Montano, debido al “exitoso” Plan Control Territorial. Recordemos que durante la ejecución de este, glorificado por el oficialismo, en marzo del presente año ocurrió un escandaloso y condenable derramamiento de sangre: 87 asesinatos en tres días. Por eso aprobaron el régimen de excepción que, desde el domingo 31 de dicho mes, permanece vigente tras su séptima prórroga.

Costa Rica es una nación como las restantes del mundo; entre estas, la suiza y la belga ‒por citar dos‒ son “más peligrosas” que Soyapango según el “discernimiento bukeliano”. Obviamente, la superficie tica es muchísimo mayor que la pequeña demarcación guanaca referida. Casi 50 200 kilómetros cuadrados configuran el país centroamericano, frente a los menos de treinta del pedacito de tierra guanaco; los totales de habitantes en cada uno, igual, son bastante distantes: más de 5 200 000 suma el del primero y los cerca de 260 000 citados el del segundo. No comparen peras con manzanas; no se vale.

Como en El Salvador ‒ahora más que nunca‒ no se sabe a ciencia cierta la verdad, reivindico como “derechos humanos” dudar de la “información” que desembuchan los medios estatales y especular sobre las intenciones reales de muchas de las acciones gubernamentales. “La mula no era arisca”, dicen; “la hicieron arisca”.

Así las cosas, ese operativo inusitado de tropas castrenses y policiales ‒superior al de la operación “Fénix” en la guerra, para “aniquilar” al entonces probablemente más poderoso ejército insurgente en la región‒ no tiene más razón de ser que la de insistir y acostumbrar a que la gente vea como algo normal la militarización del país, sobre todo allá adonde habitan sus mayorías populares que más adelante saldrán a protestar por diversas causas. El hambre, por ejemplo. Y quien pretende perpetuarse en el poder, imitando a Ortega en Nicaragua, no vacilará en echarles esas fuerzas estatales a reprimirlas con todo y sin asco pero con el aplauso de quienes, hoy por hoy, siguen siendo dueños del país junto a quienes no alcanzan a ver más allá de su nariz.

Ojalá no resulte ser cierta mi suposición. Pero, por si acaso, de este lado tendríamos que ir trabajando en serio para organizarnos y evitar así otro trágico estallido social. Deberíamos tener suficiente con la insurrección de los pueblos nonualcos en 1833, el levantamiento “suicida” en 1932, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, el fraude electoral de 1972, las masacres durante las décadas de 1970 y 1980, los magnicidios de monseñor Romero y del realmente respetable Félix Ulloa, la persecución religiosa así como las desapariciones forzadas y los delitos contra la humanidad, los crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos por razones políticas aún impunes. Hay que apostarle a una diferente y beneficiosa movilización popular que promueva la convivencia respetuosa basada en vigencia innegable de los derechos humanos, desde abajo y hasta arriba.

Posdata: A propósito del viaje de placer de Bukele y familia a la “insegura” Costa Rica, allá desmantelaron el ejército hace 74 años y construyeron ‒con sus naturales defectos‒ un aceptable Estado de derecho del que con razón presumen.

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Benjamín Cuéllar Martínez
Benjamín Cuéllar Martínez
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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