La operatividad policial si bien es una pieza clave en el combate de la delincuencia, no es suficiente para prevenir y combatir la criminalidad, sino se cuenta con un funcionamiento adecuado y eficiente de la administración de justicia, según se desprende de un diagnóstico elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Teniendo en cuenta que durante los últimos 30 años el país ha visto como las políticas, leyes y procedimientos “mano dura” aumentaron el populismo punitivo y no lograron resolver o al menos reducir de manera significativa y sostenible el problema de la violencia e inseguridad, FESPAD espera que el plan gubernamental no vaya a ser “más de lo mismo”.
Desde mediados de junio, el presidente Nayib Bukele lanzó su Plan de Control Territorial dividido en siete fases.
La primera fase inició el 20 de junio, en donde se desplegaron policías y soldados en un primer momento en 17 municipios con alto índice delincuencial como: San Salvador, Mejicanos, San Martín, Ciudad Delgado, Cojutepeque, Sonsonate, Ahuachapán, Usulután, La Unión y Soyapango, entre otros.
También se cortaron las comunicaciones en los centros penales, se decretó estado de emergencia en los mismos de manera permanente y se trasladaron a otras penitenciarías a más de 1,600 reos considerados de alta peligrosidad.
La fa se dos se implementó días después y se denomina de “Oportunidades”, con un componente social de llevar salud, educación, agua potable y recreación a los barrios y comunidades, involucrando a varias secretarías de Estado como: Desarrollo Local, Vivienda, Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, ANDA y la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación.
Para poner en marcha este plan, Bukele a través del Ministerio de Hacienda ha tenido que recurrir a la Asamblea Legislativa para solicitar reorientaciones presupuestarias que han sido avaladas por los diputados por un monto de más de $30 millones.
Desde junio hasta el 9 de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) reportaba 4,325 a escala nacional por diferentes delitos. De esa cifra, 2,949 se efectuaron en el término de flagrancia.
Los datos de la corporación policial detallaban que 356 fueron arrestados por el delito de homicidio, 310 por lesiones, 170 por extorsión, por robo 96 y 75 por hurto.
Sobre las capturas masivas y enfrentamientos FESPAD externó su preocupación por la saturación del sistema judicial para procesar de manera adecuada el creciente número de capturas, la eficiencia de las investigaciones, sobre todo de los arrestos en flagrancia; y la posibilidad de un real tratamiento penitenciario acorde al mandato readaptador establecido en el artículo 27 de la Constitución.
Por otra parte, con la entrada en vigencia del Plan de Control Territorial y ante la mayor intervención de la policía y los soldados en algunas zonas del país, se han presentado nuevos casos de enfrentamientos. En consecuencia, las condiciones de seguridad para los agentes se ven disminuidas; y esta situación de riesgo a su integridad física, debe considerarse como una amenaza a la sociedad en su totalidad.
En síntesis, la fundación exhortó a desmilitarizar la seguridad pública y construir una política criminal con un enfoque integral, evitar hechos y prácticas de abuso policial y militar que vulneren los derechos humanos y evitar que la persecución y captura masiva se convierta en una situación que sature el sistema judicial.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) da cuenta que Latinoamérica sigue siendo la región más violenta del mundo.
Aunque los datos son de 3017, América Central y América del Sur registraron las tasas de homicidios más altas del mundo, con 25,9 y 24,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes respectivamente.
