Vivir de la política, se ha convertido en un suntuoso estilo de vida. El hecho es que, aunque sin hacer méritos académicos lo suficientemente valederos o sólidos, pasando por academias o universidades, algunos han encontrado en las instituciones públicas, en cargos de elección popular, una forma de pasarla bien y vivir a costilla de los que pagan impuestos.
Soy de la idea, que para aspirar a cargos de elección popular y administrar la cosa pública, se necesita ser honrado, o tener la vida resuelta económicamente y aspirar a dejar un legado a la ciudad y al país, y evitar caer en la tentación de convertirse en un ladrón de siete suelas.
Indudablemente, en un sistema democrático, que parte de un principio constitucional republicano, las elecciones se convierten en la expresión máxima de la voluntad soberana, y de la autodeterminación del individuo sobre el sistema y actores políticos que le gobernarán.
Sin embargo, en cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad, pronunciada por la Sala de lo Constitucional, en agosto de 2014, los partidos políticos se ven obligados a realizar elecciones internas, para que los militantes, afiliados, correligionarios o suscriptores, como si de un canal de YouTube se tratara o una plataforma de streaming, puedan decidir quiénes competirán en una elección general organizada por el Tribunal Supremo Electoral, para agenciarse, dentro de este sistema democrático que a muchos asfixia, los cargos de elección popular.
Hasta ahí todo está bien. El problema estriba en que los métodos, las formas, los modelos y los procedimientos internos, lindan hasta con la ilegalidad o inclusive con hechos constitutivos de delitos.
En el diseño de la Constitución de 1983, los constituyentes establecieron que los partidos políticos serían los únicos medios para llegar al poder. Sin embargo, otra sentencia de la Sala de lo Constitucional anterior, vino a romper con este muro, y abrió la posibilidad para que ciudadanos que cumplieran con requisitos previos pudieran competir en candidaturas no partidarias en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la sentencia pudo o no quedarse corta, porque existen otros cargos de elección popular donde bien podría el ciudadano competir de manera independiente, sin caer en la genuflexión, tales como alcaldes, diputados al Parlamento Centroamericano, y hasta presidente de la República.
Cumpliendo con el calendario del Tribunal Supremo Electoral, la suerte en cada partido político ya fue echada. Guste o no, existen resultados, hay números, que son los que al final terminan siendo los realmente importantes y que los mismos partidos invitan a respetar.
La cosa es que, no obstante, las denuncias, los dimes y diretes, las inconformidades, y el éxodo de los fascinados por el canto de las sirenas, todo indica que los resultados van en firme y que cada partido político ya tiene a sus dilectos, a su preferidos que terminarán cumpliendo las tareas para las que fueron electos.
Un adagio de la tauromaquia, establece que «los toros se ven mejor desde la barrera». Pero el hecho es que, en la arena, la adrenalina es mucho mayor y aquellos que compiten, obviamente sentirán un placer acentuado ganando, o sintiendo el sabor metálico de las derrotas.
Somos muy propensos a cantar victorias antes de tiempo. El punto es que, mientras no se impriman las papeletas para la elección del 28F, es decir, del 15 de enero en adelante, cualquier cosa puede suceder y las piezas del tablero de ajedrez pueden moverse.
En medio de todo, los electores, parece que cada tres años, o cinco, simplemente concurren a las urnas, con papeleta en mano, en físico, a legalizar lo que ya se planeó o se conspiró en el secreto de los grandes despachos de los verdaderos dueños de los partidos políticos.
Los peones avanzan, ansiando convertirse en reinas o torres, pero detrás, el rey se agazapa, porque es cobarde.
