Entre los nuevos beneficios que podrían disfrutar los salvadoreños que hacen uso de las redes de telefonías móviles e internet con la nueva reforma sobre la Ley de Telecomunicaciones están la vigencia de saldo o datos móviles por seis meses, contratos con menos tiempo de duración, denuncias por llamadas gratuitas a las compañías y renuncia inmediata del servicio.
La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones y a Ley de Protección al Consumidor a fin de eliminar prácticas y cobros indebidos de las empresas que brindan este servicio.
De acuerdo con los diputados, las modificaciones incluyen el servicio de líneas prepago y postpago, ya que el propósito es velar por las garantías de los derechos de los usuarios.
“Nueve millones de teléfonos están circulando en términos de telefonía móvil. Ocho millones son de servicio prepago, entonces este es un elemento que va en beneficio directo de la población”, expresó la diputada del FMLN, Yanci Urbina.
Otro de los beneficios sería que la persona podrá optar por la renuncia inmediata del servicio si existen fallas o incumplimientos del contrato establecido. Además, las compañías deberán habilitar una línea gratuita para que el usuario haga sus denuncias. Los contratos podrán tener la duración de 3, 6 o 12 meses, según lo solicite el consumidor.
De acuerdo con la diputada de ARENA y presidenta de la Comisión, Margarita Escobar, el cumplimiento de la nueva reforma sería regulado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que se encargaría de medir la calidad de los servicios prestados y sancionaría a las empresas que no las cumplan.
“La Defensoría del Consumidor deberá recibir los contratos a más tardar 15 días después de que estos se firmen y tendrá 90 días para revisarlos y evitar que haya cláusulas abusivas en los mismos”, manifestó Escobar.
La nueva disposición también establece que los usuarios tendrán derecho a la intimidad, es decir, que todo tipo de publicidad no autorizada deberá ser eliminada. Y los reclamos por parte de los proveedores deberán realizarse en fechas y horas determinadas.
El dictamen será sometido a votación durante la Sesión Plenaria del miércoles, para determinar si la medida entra en vigencia.
