El pasado 20 de noviembre la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, y la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) manifestaron su “rechazo a la manera como el gobierno de Nicaragua, a través de sus cuerpos de seguridad, viene irrespetando los derechos civiles consagrados en la constitución nacional”.
Solicitan al presidente Daniel Ortega “que ordene inmediatamente el cese de los hostigamientos, agresión y violación de los derechos humanos y civiles de los miembros de la oposición, y exhortamos a todos los responsables de esos asedios para que depongan su postura”.
Y piden a la Comunidad Internacional y a los gobiernos democráticos del mundo y, particular a los de Europa y de América, que realicen sus mejores oficios para garantizar el retorno de Nicaragua al sistema democrático mediante: – “La exigencia pública del respeto inmediato a los derechos civiles consagrados en la constitución nacional nicaragüense: libertad de culto, libertad de movilización, libertad de protesta pacífica, libertad de organización política, libertad de prensa e información, libertad de investigación y enseñanza; – La condena internacional pública de los métodos de represión que han dado como resultado más de 300 personas asesinadas, más de 2,000 nicaragüenses heridos y más de 700 presos políticos, de los cuales más de 150 continúan en prisión; – La activación de la Carta Democrática Interamericana (OEA) para prevenir un desangre mayor entre el pueblo nicaragüense cansado de tanta opresión, miseria y manipulación por parte del régimen, así como para prevenir la intervención de potencias extranjeras que quieran beneficiarse en este momento de gravísima crisis política”.
Los jesuitas acusan a la dictadura de Ortega-Murillo de: romper las manifestaciones de protesta pacífica provocando a las personas y grupos de la oposición para justificar su propia violencia; impedir los derechos de libertad religiosa y de reunión; apresar y desaparecer militantes de la oposición; acusar a los opositores de delitos no cometidos; impedir las labores humanitarias y actos de desobediencia civil pacífica y acusar falsa y calumniosamente a las autoridades de la Iglesia católica.
De manera particular condenan la provocación de grupos antimotines del gobierno a los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), el asedio a sus instalaciones y el intento de estos grupos de violar el campus de la Universidad. Y manifiestan su solidaridad con el padre Edwin Román y con las madres de Masaya que luchan para que sus hijos encarcelados sean liberados.
Y también condenan la toma de la Catedral de Managua y las agresiones en contra del padre Rodolfo López y la religiosa Arelys Guzmán y el asedio de los paramilitares del gobierno en contra de diversas parroquias en Managua y en otras poblaciones del país. El gobierno de México ante la represión creciente de la dictadura Ortega-Murillo ha decidido no pronunciarse.
Se convierte así, aunque no lo quiera, en cómplice de la violencia creciente ejercida por el Estado en contra de la población y ahora en particular contra la Iglesia católica.
