Los dos últimos expresidentes de El Salvador, y coincidentemente del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), tienen los ojos de la Justicia encima por presuntos actos de corrupción cometidos bajo su mandato. De ser verídicos y comprobados los hechos, en los 10 años de gobierno del partido que ha reivindicado ser de izquierda y popular, tendría a sus principales cabezas en el banquillo de los acusados por lo mismo que decían combatir.
El caso de Mauricio Funes es ya internacionalmente resonante. Desde hace unos tres años se le involucra en un desfalco grande de dineros públicos, especialmente por un supuesto peculado y lavado de dinero de lo que se conoce como “Partida de Gastos Reservados” o “Partida Secreta”, por un monto de 351 millones de dólares. La Fiscalía lo acusa de dirigir una “Empresa Criminal”, que se habría apropiado de tal monto de dineros públicos, en un país altamente violento y pobre.
En el caso de Salvador Sánchez Cerén, conocido durante la guerra civil (1980-1992) como “Comandante Leonel González”, recién ha iniciado un periplo de investigación por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a lo que este miércoles dio a conocer uno de los magistrados del máximo tribunal de El Salvador.
Caso del expresidente Mauricio Funes Cartagena
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con más información y nuevas pruebas para sustentar el Caso Saqueo Público, que involucra al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), más otras 31 personas.
Germán Arriaza, de la FGR, presentó el documento de acusación ante el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, para abonar al material que ya se había remitido sobre este mismo caso. “Una red delincuencial se apropió de recursos del Estado”, manifestó Arriaza.
Funes, en su cuenta de Twitter, volvió a publicar que la Fiscalía no tiene las pruebas para esos delitos que le imputan y que el caso se caerá.
Arriaza explicó que cuando Funes inició su mandato, la partida de gastos reservados contaba con US$80 millones. Pero con “mecanismos de lavado de dinero” lograron aumentarla hasta US$351 millones, siempre con dinero del Estado.
“Se ha determinado fehacientemente que lo ejecutado asciende a US$351.53 millones. Con la pericia se va a determinar, de manera específica, cómo se utilizó por parte de esta empresa criminal”, detalló Arriaza.
Una vez más, Funes ha sido llamado a presentarse ante los tribunales para responder por todas estas acusaciones. De hecho, hay cinco órdenes de captura en su contra. Pero él todavía está en Nicaragua, donde ha recibido protección y trabajo por parte del gobierno de Daniel Ortega desde hace alrededor de tres años. Incluso fue adoptado como ciudadano nicaragí¼ense en julio, junto a dos de sus hijos y Guzmán.
“Si él no se presenta a esta audiencia preliminar, debe ser declarado rebelde”, señaló el fiscal Arriaza.
Esta semana, el titular de la FGR, Raúl Melara, dijo que el anuncio de la nueva ciudadanía de Funes no los ha detenido de continuar con el proceso de extradición y que siguen buscando más herramientas jurídicas para que el expresidente regrese y responda ante la justicia.
Según la FGR, la red corrupta de Saqueo Público está formada por 32 personas, de las cuales, nueve tienen medidas cautelares de detención provisional y dos están con arresto domiciliar.
La institución informó en su cuenta de Twitter que cuentan con 3,000 folios, 114 testigos, 24 informe financieros y otros 2593 documentos que arrojan luz sobre los ilícitos. Son pruebas documentales, periciales, testimoniales e instrumentales.
Arriaza dio algunos ejemplos de cómo supuestamente derrochaba los fondos públicos el expresidente Funes: US$149,000 en sus mascotas -con un estimado de US$1,200 a la semana por pasearlas-, US$65,000 gastados en efectivo, en un solo día, para comprar relojes.
Caso del expresidente Salvador Sánchez Cerén
Los magistrados que integran Corte Plena, el ente rector del Órgano Judicial, comenzaron a revisar este martes el informe de probidad del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2009-2014), quien también ejerció como vicemandatario (2009-2014).
Leonardo Ramírez, magistrado en la Sala de lo Penal, comentó durante la entrevista con Canal 33 que “ayer se inició la discusión del caso Salvador Sánchez Cerén y está próximo a ingresar -le sigue- el del señor (Óscar) Ortiz (vicepresidente durante el período 2014-2019)”.
En la Sección de Probidad, un grupo de expertos estudia la información sobre los ingresos y gastos de quienes han ocupado cargos en el Gobierno. Si dentro del análisis hay datos que levantan sospechas, entonces en Corte Plena votan para enviar el caso del exfuncionario a los tribunales, o para archivarlo y que no pase a más.
En el caso de Sánchez Cerén, los magistrados todavía no han decidido si habrá que moverlo a los tribunales o archivarlo. De hecho, el período que están estudiando es el de la vicepresidencia, cuando Sánchez fue también ministro de Educación ad honorem. Entonces, era la gestión del expresidente Mauricio Funes, ahora prófugo de la justicia en Nicaragua.
