Por 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos” en Venezuela, a publicarse en junio del año venidero, y exhortó a su gobierno “a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos”, según une resolución adoptada hoy en Ginebra.
Durante los últimos años tres años Ginebra se abstuvo de pronunciarse sobre el caso venezolano, pese al agravamiento de la crisis, pero ahora, y tras la renuncia de Estados Unidos a éste órgano el 19 de junio pasado, un grupo de países latinoamericanos, liderados por Perú, decidió entrar en materia, en pos de una solución pacífica, democrática y negociada del conflicto, respetuosa del derecho a la autodeterminación de Venezuela y contraria a una operación armada.
Al respecto, en un discurso conjunto leído por México antes de la votación, acompañado por Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras y Paraguay, se manifestó la “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
En la víspera, los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y el primer ministro de Canadá, pidieron por carta a Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), una “investigación” sobre “crímenes de lesa humanidad”, que “se habrían cometido en Venezuela”¦ a partir del 12 de febrero de 2014”. Tomaron como base un informe de expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció desde esa fecha, “ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil del país”, opuesta al gobierno de Nicolás Maduro.
Estos expertos (Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina e Irwin Cotler de Canadá) recibieron testimonios de víctimas en “audiencias públicas”, que probaron “detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos”, incluyendo menores, y el asesinato de jóvenes entre 15 y 30 años, por resistir a ser detenidos ante falsas acusaciones.
Los 6 primeros mandatarios ya mencionados basaron también sus alegaciones, en la denuncia presentada el 22 de junio de 2018 por el Alto Comisionado saliente, Zeid Ra”™ad al Husssein, quien documentó “el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la practica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación adecuada”, en un seguimiento a un informe anterior del 30 de agosto de 2017, aún más contundente.
Menos Venezuela y Cuba, los 6 otros países latinoamericanos que integran éste Consejo (Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú y Chile) votaron a favor de la resolución. Se opusieron Burundi, República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Pakistán y China, los dos primeros con deficiencias alarmantes en materia de derechos humanos, mientras que la apoyaron los Estados europeos, Afganistán, Australia, Japón, Georgia, Suiza, Ruanda y Corea.
Venezuela reaccionó con virulencia a la adopción de la resolución. Dijo que “se pretende establecer mecanismos de tutelaje contra un país soberano”, y afirmó que es una “iniciativa impulsada por países mandatados por Estados Unidos e Israel”. Sostuvo que “el coyuntural movimiento de personas al exterior, es consecuencia de la guerra económica-comercial-financiera y las sanciones coercitivas unilaterales impuestas”, una emigración que los autores de la resolución estiman en 2,5 millones de personas.
Para Venezuela, la resolución votada expresaría “falsamente, que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Se pretende imponer desde el exterior un formato que, no es más que un grosero mecanismo de intervención”, el cual “manipula políticamente el tema de los derechos humanos”, y busca “derrocar al gobierno de Nicolás Maduro”.
