La tendencia es evidente en la mayoría de países, El Salvador no es la excepción. En el pasado reciente está el registro del asesinato de muchos profesionales de la prensa, tanto local como extranjera.
La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas incluyó en su informe el caso de los periodistas holandeses.
Tras el conflicto armado en el país, en el que murieron 17 periodistas y uno desapareció, han surgido nuevos actores, nuevos predadores de la libertad de expresión, que gozan de impunidad, como los de aquella época.
Entre 1997 y el año 2017 han sido asesinados en El Salvador, 12 periodistas o personal relacionado a medios de comunicación. En cuatro casos las víctimas han sido mujeres (una junto a su hijo de seis meses), en algunos han sido condenados a prisión autores materiales, pero en todos la justicia no ha alcanzado a los intelectuales.
“La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la auto censura, lo cual restringe la libertad de expresión", establece la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en un Estudio Especial sobre la situación de las investigaciones sobre asesinato de periodistas.
Además concluye que "el asesinato de comunicadores sociales, cuando se produce por el ejercicio de su labor periodística configura la forma más violenta posible de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, en tanto no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que también afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia, además de privar a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Collage de periodistas asesinados durante el conflicto armado en la portada del libro " A los que ya no Están", homenaje póstumo de la Asociación de Periodistas y Corresponsales Extranjeros, SPECA, efectuado en julio de 1992.
En ese marco, los Estados tienen la obligación de investigar estos crímenes, determinar sus causas y sancionar a los responsables. Si no hay investigaciones eficaces que lleguen hasta el final, se alienta la impunidad, lo cual también genera el efecto de propiciar que se repitan los asesinatos con otros reporteros y de fomentar la autocensura.”
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, el año 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 objetivos precisos.
El número 16 es “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.”
De este propósito se hizo eco la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas 2017.
“Los periodistas desempeñan funciones únicas al hacer avanzar nuestras libertades fundamentales y contribuir a fortalecer nuestras sociedades, por lo que deben ser defendidos mediante la acción concertada de los gobiernos, con el apoyo de las Naciones Unidas y la colaboración de todos los actores pertinentes, que van desde las organizaciones internacionales regionales, el poder judicial y los medios de comunicación, hasta las empresas privadas, el sector académico y la sociedad civil.”
