El Departamento de Estado estadounidense desde hace 30 años ha juzgado los diferentes tópicos de lo público para justificar o no la inversión realizada en nuestro país; en tal período y con matices siempre ha calificado a nuestro sistema judicial como uno de los más corruptos, ineficientes y atrasados de Latinoamérica, lo que se refleja en la calificación que el Proyecto Mundial de Justicia da al desempeño de lo judicial: 0.51, que de acuerdo a la escala de dicho entidad nos ubica en el lugar 75 de 113 países evaluados, 19 de la región, bajando en relación al año pasado.
Ya en los informe publicados por FESPAD, emitido por la PDDH, se evidencian las significativos violaciones a los derechos humanos por parte del órgano judicial, así como las constantes irregularidades cometidas hacia el interior de éste: desde la ausencia de transparencia en la elección de los actuales magistrados de la sala de lo constitucional, amiguismo, tráfico de influencias, asignación de plazas a familiares, amantes y otros individuos no calificados para la labor judicial, hasta el derroche de recursos, privilegios, coimas, etcétera, que dicho sea de paso, la sala de lo constitucional ordena a los demás elementos del Estado evitar.
La actual ola de detenciones de elementos del órgano judicial realizado por la FGR y por supuestos nexos con el crimen, confirma tales aseveraciones, demostrando la corrupción imperante del mismo.
Y es que éste percibe el 6% del presupuesto de la nación, más en términos porcentuales que el resto de órganos del estado, que en los últimos 5 años no ha ejecutado por completo pero tampoco ha reintegrado al fondo general de la nación, utilizando estas diferencias en lujos, siendo el más ineficiente (apenas el 2% de casos procesado es llevado a término), lo que devela un problema estructural al interior del mismo.
Los miembros de la actual Sala de lo Constitucional, en el marco del foro de jueces independientes realizado en 2014 definieron al sistema judicial como “”¦inmaduro”¦” al abordar la corrupción, por las implicaciones político económicas que entraña, lo que es una sutileza que niega las causales del problema o el interés por resolverlo, ya que la impunidad no solo implica al poder económico o al político que lo arropa, pues suma otros actores que amenazan a la sociedad salvadoreña: las drogas traficadas desde Colombia a EU, o las armas a la inversa, que irrumpen en el escenario salvadoreño, conocedores de las debilidades estructurales jurídicas que padecemos y confiados por lo mismo, que a pesar de los esfuerzos implementados desde los otros órganos del estado, el judicial muy probablemente fallará en favor de los intereses de estos.
Lo cierto es que la suma de reformas implementadas desde los 90 no lo ha vuelto eficiente, pues sigue siendo su propósito el conservar el modelo económico, fuente originaria de la problemática, por lo que la refundación del órgano judicial es la alternativa, aparejada a la construcción de un esquema social que privilegie al ser humano por sobre lo económico.
