Llaman a debate por vetada Ley Especial para la reconciliación

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Deberán rendir cuentas por no acatar lo ordenado por la Sala de lo Constitucional los presidentes Bukele y Mario Ponce, del legislativo; el fiscal Melara, ministro de Defensa y de Hacienda

La Sala de lo Constitucional de la CSJ llamó este día a Pedro Martínez y Benjamín Cuéllar ‒integrantes de Víctimas Demandantes (VIDAS) e  impulsores de la demanda de inconstitucionalidad que derrotó la amnistía aprobada en marzo de 1993‒ a la audiencia oral y pública que se llevará a cabo próximamente, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia que dicha entidad emitió el 13 de julio del 2016 así como las derivadas de las resoluciones de seguimiento anteriores, de acuerdo a un comunicado de VIDAS.

La audiencia ha sido convocada para las  09:00 horas del viernes 30 de octubre del año en curso y el debate estará centrado en el vetado decreto legislativo mediante el cual se aprobó la Ley Especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional.

La Fiscalía General de la República ha realizado acciones tendientes a cumplir lo que le corresponde; no obstante, Raúl Melara Morán ‒su titular‒ deberá comparecer para exponer lo actuado institucionalmente, afirma VIDAS en su documento, de acuerdo al citatorio de la mencionada sala. 

También deben rendir cuentas por incumplimientos los siguientes funcionarios

Por no haber acatado lo ordenado por la Sala de lo Constitucional hace más de cuatro años deberán rendir cuentas en esta ocasión, además, los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la República: Mario Antonio Ponce López y Nayib Armando Bukele Ortez, por el orden.

Igualmente los ministros de Hacienda y de la Defensa Nacional: José Alejando Zelaya Villalobo y René Francis Merino Monroy, respectivamente. Asimismo, deberá participar el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano. 

"Quienes desde VIDAS estamos demandando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición al Estado salvadoreño, esperamos que en esta ocasión  las autoridades que han faltado a sus obligaciones en el cumplimiento de sus deberes frente a las atrocidades ocurrida antes y durante el conflicto armado finalizado en 1992, inicien un camino sin retorno: el de respetar los derechos de las víctimas de semejante barbarie", finaliza el documento de VIDAS.

LEA COMPLETA La audiencia oral y pública de seguimiento convocada por auto de 13 de marzo de 2020, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas

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