El Juzgado 2° de Paz de San Salvador decretó este viernes instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a ocho empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la PNC.
A los imputados: Lorgio Antonio Campos Quintalla (exjefe del departamento de suministro) y Jerónimo Salvador Pineda Torres (exjefe de la sección de almacenes) acusados de incumplimiento de deberes agravado y peculado la jueza ordenó les colocaran brazaletes electrónicos, estos imputados están involucrados en otro proceso donde el ministerio público los acusa de no supervisar el cumplimiento y desarrollo de contratos con una empresa que les proveía los uniformes.
Para el resto de imputados les ordenó presentarse cada 15 días al Juzgado 2° de Instrucción, no salir del país y una fianza económica que deben pagara al Ministerio de Hacienda para recuperar su libertad.
Al imputado Lisandro Alfredo Abarca Ramírez acusado de incumplimiento de deberes agravado y peculado la caución es de $1,500.00, a Néstor Agustín Mejía Berríos acusado de incumplimientos de deberes, peculado y falsedad ideológica agravada la caución es de $1,000.00, para José Moisés Mata Rivera acusado de peculado la caución es de $2,000.00, a Manuel Antonio Flores acusado de peculado y falsedad ideológica agravada pagará $1,000.00, José Ángel Orellana Durán acusado de incumplimiento de deberes agravada la caución es de $1,500.00, y Cristina Jamilette Rivas Aparicio no se le impuso caución económica.
Los abogados defensores presentaron suficientes arraigos familiares, domiciliares y laborales para asegurar la permanencia de sus defendidos durante el proceso.
Según Fiscalía General de la República (FGR) la investigación se originó con un aviso de parte del jefe de la unidad de asuntos internos de la PNC informando el faltante de producto, resultado obtenido en junio del año 2014 cuando hubo traspaso de jefatura del almacén número tres. En dicha investigación encontraron un faltante que totaliza $239,085.88 en repuestos y lubricantes de vehículos.
Así también el fiscal del caso manifestó que el delito de peculado e incumplimiento de deberes se cometió porque los empleados permitieron que ellos o terceros sustrajeran o se apropiaran bienes de la PNC, y hubo poco o no existió control adecuado para el resguardo de los productos para evitar la apropiación o perdida.
Y el delito de falsedad ideológica se da porque modificaron las hojas de stock para hacer los ajustes correspondientes del almacén y poder realizar los cuadres de los productos existentes y los que estaban inventariado en el sistema.
