Las autoridades salvadoreñas han puesto en libertad a tan solo 456 personas, de los decenas de salvadoreños que han sido detenidos irregularmente por el brazo armado del presidente de la República, Nayib Bukele, en marco del estado de excepción que impuso luego del repunte de los homicidios cometidos por los pandilleros desde el 25 al 27 de marzo y que dejó 87 víctimas.
A consecuencia de esto el periódico digital, El Faro, publicó un investigación en la cual deja al descubierto que el repunte se produjo por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las pandillas.
Por su parte, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que todas las capturas realizadas por las autoridades del país son planificadas, si bien, “en múltiples ocasiones” se habrían producido detenciones “bajo engaños, sin fundamentos y órdenes de captura”.
“Este es el resultado de cada una de esas acciones, cada una de esas acciones formaba parte o era una pieza del rompecabezas que estamos tratando de construir para generar mejores condiciones de seguridad para los salvadoreños”, expresó.
El Parlamento salvadoreño aprobó el 27 de marzo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que un día antes dejó más de 60 muertos. Los crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el presidente de El Salvador ha prometido atajarla de raíz.
De esta forma, el Gobierno salvadoreño queda capacitado durante este período para suspender ciertas libertades y garantías –como la presunción de inocencia, tal y como denunció la ONU el pasado mes de mayo– para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
La Policía Nacional Civil ha confirmado que desde la aprobación del estado de excepción en marzo ya han sido detenidos casi 42.000 presuntos pandilleros.
Del total de detenidos, cerca de ocho mil estarían aún esperando la realización de la primera audiencia, mientras que más de 33.000 continuarán detenidas bajo el estado de excepción por un periodo de hasta seis meses, extendible por otros seis meses más hpara completar un año en el proceso de investigación, según ha detallado Delgado.
