El pasado miércoles 30 de marzo la Superintendenta de la SIGET, Blanca Coto, presentó una propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. La Superintendenta estaba acompañada por representantes de los principales gremios y empresas de radiodifusión: ASDER, ARPAS, TCS, RSM, Megavisión y medios cristianos; y su propuesta fue recibida por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, acompañada de diputados de todos los partidos.
Con esto, la propuesta de reforma que abanderaban diputados de ARENA y PCN, dictaminada un día antes en la Comisión Ad Hoc, automáticamente se cayó y todos los diputados -unos entusiastas y otros a regañadientes- se comprometieron a estudiar la propuesta presentada por SIGET y respaldada por los diversos representantes mediáticos.
¿Cómo fue posible lograr el consenso de diferentes sectores en un tema tan sensible y de intereses contrapuestos como las telecomunicaciones? ¿Qué tiene la propuesta de reforma redactada por SIGET para recibir el apoyo de actores tan disímiles como ARPAS y ASDER o competidores como TCS y RSM? ¿Cómo llegaron a un punto común los sectores que planteaban cambiar radicalmente la Ley de Telecomunicaciones y los que la defendían alegando que la regulación de telecomunicaciones en el país es perfecta, que “el espectro radioeléctrico ya está democratizado” y que “El Salvador es modelo por su distribución de las frecuencias”?
Las respuestas están en el proceso de elaboración y en el contenido de la propuesta.
El proceso es inédito en la elaboración de propuestas de reformas de ley, SIGET realizó un loable ejercicio de consultas bilaterales y conjuntas con los diferentes actores mediáticos a fin de construir un propuesta integral y de consenso. El proceso fue incluyente y transparente: todos los actores mediáticos, los que nunca habían sido escuchados por SIGET y los que antes le daban órdenes de sus oficinas, llegaron a plantear y discutir sus propuestas.
El proceso debió trascender de los actores mediáticos y hacer partícipes a todos los sectores nacionales, ya que se trata de una reforma esencial para la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la comunicación y la democracia. Sin embargo, de ese ejercicio salió el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que es relevante por varios elementos. Se destacan cinco aspectos importantes.
El primero es el cumplimiento de la sentencia y resolución aclaratoria de la Sala Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones, que ordenó establecer mecanismos alternos a la subasta para otorgar concesiones y un procedimiento para su renovación. En tal sentido, la reforma crea mecanismos diferenciados para la asignación de frecuencias: concurso público para medios comunitarios sin fines de lucro, asignación directa para el sector estatal y subasta para medios comerciales; y establece un procedimiento con nuevos requisitos para la prórroga de las concesiones.
El segundo es la seguridad jurídica para los actuales concesionarios: las concesiones que cumplan los requisitos legales serán renovadas y todas tendrán asegurado su espacio correspondiente en el futuro sistema digital. En la reforma no hay disposiciones que alienten la sospecha de “cierre de medios” o “expropiación de frecuencias”, fantasma con el que siempre buscaban asustar los detractores de la necesidad de actualizar y democratizar el marco jurídico de las comunicaciones.
El tercero es el intento de modernizar y actualizar toda la ley, obsoleta y caduca ante el auge de las tecnologías de la información y comunicación: internet, multimedios, telefonía celular, digitalización, etc. La reforma modifica más de 30 artículos de la ley para incluir aspectos de telecomunicaciones que no están regulados.
El cuarto es la redefinición de algunas facultades de SIGET como entre rector del espectro radioeléctrico, responsable de su gestión, administración y vigilancia. Con la reforma SIGET podrá -por ejemplo- autorizar o denegar traspasos de derechos de explotación de frecuencias, reservar porciones del espectro por razones técnicas o propósito sociales, entre otras funciones que le permitirán aplicar criterios para un uso más eficiente e inclusivo del espectro y superar el rol de mero administrador técnico de las frecuencias.
Y el quinto es la participación consultiva de la Superintendencia de Competencia en procesos de asignación de frecuencias y traspasos de derechos de explotación (venta, alquiler, donación, etc.) de frecuencias. Esto contribuirá a transparentar la asignación de concesiones y evitar mayores niveles de concentración mediática.
¿Qué no incluye la reforma?, ¿para qué aspectos no alcanzó el consenso? o ¿para qué no da la correlación política? Pues, para varias cosas, principalmente para establecer limitaciones a la propiedad de los medios orientadas a revertir la concentración y generar mayor diversidad, pluralidad y democracia mediática. Por tanto, tras la aprobación e implementación de estas reformas los sectores democráticos del país deben plantear una nueva generación de reformas.
Como sostiene la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), la propuesta de SIGET no es toda la reforma integral y democratizadora que se requiere; pero es un buen comienzo, un relevante paso inicial del proceso de cambio estructural del marco normativo de las comunicaciones que permitirá gradualmente ir construyendo el nuevo modelo de medios que El Salvador necesita y merece.
La Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto de reforma presentado por SIGET porque es una propuesta más amplia e integral respecto a la que promueve ARENA-PCN, tiene el consenso de todos los actores mediáticos y por los criterios técnicos: las elaboró la entidad técnica, especializada y reguladora de las telecomunicaciones, la misma responsable de implementarlas.
*Director ejecutivo de ARPAS y Presidente de ALER.
