La Asamblea Legislativa reformó la Ley Especial para la Legalización y Transferencia de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, declarados en desuso y desafectados del uso público, a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), a fin de beneficiar a habitantes de las comunidades Las Flores y La Esperanza del municipio de Apaneca, departamento de Ahuachapán; y la comunidad La Universal, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
El diputado Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), reiteró el respaldo a las familias interesadas. “Este servidor plasmó, desde un principio, su apoyo a estas comunidades, tanto la comunidad Las Flores como La Esperanza; es gente que fue afectada por deslaves producto de las precipitaciones fluviales tan fuertes que caen en Apaneca. Cabe destacar que la comisión de obras públicas, inmediatamente, pasó al estudio de este expediente, solicitó la información pertinente al alcalde municipal y al concejo y de una forma expedita respondió en favor de estas comunidades”.
En tanto, el diputado Francis Zablah de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), se refirió a la iniciativa para a la comunidad La Universal: “Está ubicada a la entrada de Antiguo Cuscatlán, habitada por 60 familias desde finales de los años ochenta, en un inicio por familias desplazadas por el conflicto armado; hoy es una comunidad muy segura y próspera con su mayoría de jóvenes nacidos en el municipio, el Centro Nacional de Registros ya había censado y delimitado los lotes para las familias por lo que entendiendo la petición de esto se presentó un escrito a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa”.
Por su parte, la legisladora Cristina Cornejo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), añadió que con esta reforma se beneficia a 100 familias, aproximadamente. “Este es un tema importante, porque también desde la Asamblea se resuelve el tema de la propiedad jurídica de las familias salvadoreñas para que nadie las pueda sacar del lugar donde viven”.
La ley en mención, establece un procedimiento especial para la legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía determinados que han quedado en desuso a criterio de las autoridades competentes, por haberse cambiado su trazo o su uso, y que han sido ocupados en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, por un período no menor de 5 años, por familias de escasos recursos económicos, y excepcionalmente por aquellas entidades de utilidad pública que presten servicio a la comunidad.
