Un nuevo revés marca la historia de El Salvador tras conocerse la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara ilegal la Ley de Amnistía de 1993. La medida aviva diversos juicios de valor, mientras que para las víctimas que sufrieron vejaciones de la guerra civil aviva la esperanza de conocer la verdad y alcanzar justicia.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, respaldó la sentencia que expresa la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Amnistía que durante décadas han bloqueado el acceso a la justicia.
“Han sido disposiciones infames que tuvieron el despropósito de derogar derechos por naturaleza inderogables, debemos ver esta sentencia como una conquista de las víctimas que aunque de manera retrasada ha llegado”, acotó.
Según el ombudsman salvadoreño si se respeta la sentencia habrá casos ejemplarizantes y generará, por primera vez, desde los Acuerdos de Paz un camino hacia la reconciliación. “Las heridas siempre estuvieron abiertas, la sangre derramada jamás ha sido reivindicada, las víctimas siempre fueron discriminadas en todo momento”, dijo.
Morales también fue crítico al señalar el papel del sistema judicial, aseverando que jueces que han conocido casos en concreto han colaborado con la impunidad amparados en la misma Amnistía, por lo que es en este momento en el que se debe enfrentar la impunidad que ha estado institucionalizada durante muchos años.
Llamó a la calma y tranquilidad, enfatizando en que no se trata de una cacería de brujas por la sentencia.
Sobre las reacciones de diversos funcionarios, el Procurador aseguró que no es cierto que se altere la paz o que se genere un caos político y que estos discursos ya no tienen lugar a estas alturas de la construcción de la democracia cuando el país está por arribar a 25 años de haber firmado los Acuerdos de Paz.
Añadió que en varios países de Latinoamérica hay ejemplos de aplicación de justicia contra responsables de crímenes de lesa humanidad y solo han desembocado en el fortalecimiento de la democracia.
Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), explicó este jueves que “la sentencia es relevante para la vida nacional, a nivel simbólico es el triunfo de las víctimas sobre los victimarios. Es un acto de justicia merecida después de más 25 años de que pasó la guerra”.
Foto: Vladimir Chicas
Al mismo tiempo aseguró que la declaratoria es trascendental en el marco de la justicia transicional y abre la posibilidad del acceso a la justicia y a la reparación de miles de víctimas del conflicto armado.
La experta dijo que la sentencia de la Sala está dirigida para frenar el amparo bajo la Ley de Amnistía para aquellos responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. La CSJ señala en su resolución que los hechos narrados en el Informe de la Comisión de la Verdad no serán beneficiados con la amnistía.
Desde la lectura del analista político Julio Valdivieso, la decisión de la sala es un retroceso pues se trata de la revocatoria de la Ley que posibilitó la democracia.
“Estamos regresamos a un día antes de los Acuerdos de Paz que posibilitó la reinserción de una serie de personajes (“¦) con qué cara pedimos que haya reconciliación en este país y un entendimiento político, si esta ley que posibilitó el entendimiento de las fuerzas beligerante y el partido político de turno, ahora queda fuera”, expresó.
Por su parte Benjamín Cuéllar, defensor de los derechos humanos, ha expresado que la resolución de la Sala es una victoria para las víctimas porque “les empiezan a dar su lugar en la historia, ellas son las protagonistas del dolor y merecen justicia”, mencionó.
Cuéllar señaló que este es el primer paso para que El Salvador empiece a “ser mejor y que sus problemas se solucionen”. Afirmó, al igual de Aguilar, que es necesario que la institucionalidad en El Salvador funcione para que la justicia esté al alcance de toda la población, en especial a aquellas que se les ha negado durante décadas.
El pasado miércoles, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró que sería un error político ya que “suficientes problemas tiene el país en este momento de carácter de seguridad, tensionamiento político y venir en este momento a derogar la Ley de Amnistía, podría poner en peligro, ojalá no sea así, la estabilidad política del país y la convivencia pacífica que hemos tenido los salvadoreños desde los Acuerdos de Paz”.
En tanto la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, manifestó que no se puede hablar a la ligera de “un tema que es grave” por lo que hay que leer y estudiar la sentencia. "En realidad lo que aquí no hemos tenido es un verdadero proceso de justicia y reconciliación (“¦) lo que no hemos tenido es proceso de verdad, justicia y reconciliación y no lo resuelve la amnistía ni la declaratoria", indicó la legisladora.
