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lunes, 02 de agosto del 2021

Las Consultas Populares frente a la minerí­a en Centroamérica

La Ley de Prohibición de la Minerí­a en El Salvador fue puesta como ejemplo mundial de victoria de la lucha organizada de los pueblos durante un encuentro centroamericano

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La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurí­dicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indí­genas en sus territorios está obligando a las comunidades junto a las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.

La lucha organizada contra la minerí­a junto a la defensa del agua en Centroamérica son causas para unirse en esta alianza de organizaciones comunitarias y sociales en protección de los bienes naturales, manifestó Julio González, activista del Colectivo Madre Selva de Guatemala.

“Considerando que estamos frente a la amenaza de la imposición de proyectos extractivos sobre todo mineros, que son altamente contaminantes y no viables en territorio centroamericano. Hacemos la salvedad que este territorio que posea una grandeza genética, no muestra la posibilidad que se realice la extracción de minerí­a metálica en nuestro suelo. La preocupación es por los derechos de los pueblos indí­genas, de las mujeres y de la salud de toda la población centroamericana que se encuentra amenazada frente a los intereses de las corporaciones internacionales”, aseguró González.

La ausencia de los procesos de consultas previas, libres e informadas o la manipulación de las mismas por parte de los gobiernos para favorecer a las empresas extractivistas, está generando serios conflictos sociales y ambientales en los territorios centroamericanos, advirtieron las organizaciones sociales.

“Las comunidades originarias que viví­an en los territorio son desplazadas y le son desconocidos los derechos a las consultas, porque los proyectos son impuestos. El Estado lo que hace es un proceso de socialización cuando los proyectos ya han sido aprobados, cuando reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las consultas para que sean considerada un derecho efectivo, deben realizarse antes que estos proyectos sean aprobados en su condición de viabilidad. Sin embargo, se están llevando procesos amañados de socialización que no son de consulta cuando los proyectos han sido aprobados”, denunció Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.

Ante la falta de voluntad polí­tica de los gobiernos centroamericanos de promover las consultas populares, los pueblos han tenido que organizar sus propias consultas, explicó Sonia Sánchez abogada maya.

“La  obligación de la consulta le corresponde al Estado, en ausencia que el Estado no lo ha hecho, es la causa que las comunidades han hecho sus propias consultas, con sus propios mecanismos, pero el Estado no reconoce la vinculación de estas, porque no fue el Estado que las realizó, sino que los pueblos. Lo que sí­ creemos que es un incumplimiento del Estado en su obligación”, destacó la abogada indí­gena.

La deslegitimación de las consultas genera conflictividad entre los pueblos y los gobiernos, explicó Yanira Cortez,  especialista en derechos humanos.

“El no respeto de estos procedimientos, de estos estándares legales internacionales, está generando esta conflictividad. Los pueblos enfrentan la desacreditación,  deslegitimación, violencia polí­tica de los funcionarios y la criminalización con la intención de causar desgaste en la lucha social de un pueblo que se resiste, pero esa es la lucha de toda América Latina”, expuso la especialista.

La Ley de Prohibición de la Minerí­a Metálica en El Salvador fue puesta como ejemplo mundial de victoria de la lucha organizada de los pueblos durante el encuentro centroamericano.

“A partir de las experiencias que hemos tenido en  El Salvador con la lucha por más de 12 años para aprobar la ley de prohibición de la explotación de la minerí­a metálica, el primer paí­s a nivel mundial que prohí­be esta actividad, es importante compartir esta experiencia en nuestra región, para exigir a nuestros gobernantes que se  aprueben leyes de prohibición a proyectos de extractivismo, que son proyectos de muerte”, señaló Bernardo Belloso, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salador (CRIPDES).

Las organizaciones Centro Humboldt, CRIPDES, ERIC y el Colectivo Ecologista Madre Selva, que conforman la Alianza Centroamericana Frente a la Minerí­a (ACAFREMIN), se dieron cita el pasado 27 y 28 de abril para intercambiar experiencias y generar alianzas estratégicas que consoliden  el cumplimiento al “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con  Consentimiento y Buena Fe de los Pueblos”, que consigna la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Alfredo Carías
Comunicador y periodista ambiental, productor audiovisual y fotógrafo. Colaborador de ContraPunto
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