En días recientes y en medio de la urgencia política de admitirlo, la secretaría de Cultura Mexicana reconoció que fue sorprendida al arrendar el Palacio de Bellas Artes para una ópera, cuyo propósito real era celebrar el cumpleaños del fundador de una cierta secta protestante.
Tal evento por ley es improcedente y como tal, ilegal, dada la naturaleza laica del estado, extendida ésta a sus instituciones, propiedades, y por supuesto, el ejercicio de los funcionarios públicos, entendiéndose que esto es aplicativo a su ejercicio como tal, no así a lo relativo a su privacidad.
Como sea el vergonzoso hecho se zanjó haciéndose público escarmiento del funcionario sorprendido, así como iniciando las pesquisas que determinarán jurídicamente responsabilidades institucionales, como acusatorias en contra de la tal iglesia, que penosamente niega su responsabilidad, señalando en cambio que el evento fue cultural, lo que no es sino un embuste.
Esto porque el carácter laico del estado no tiene por propósito invadir la privacidad, delegando esta opción a las personas, a las familias, y reservándose su intervención cuando los privados atentan en contra de los demás.
Ello por supuesto para impedir que el Estado detente un rol que violente el derecho ciudadano en temas fundamentales, como lo es la privacidad, el credo, orientación política, etcétera.
Tal visión humanista y progresista, tropieza por supuesto con los “desvíos gubernativos”, impulsadas desde los sectores de poder que las promueven, y que todos conocemos los costos de tan licenciosa forma de administrar la cosa pública.
La ley entonces existe para regular las libertades individuales, definiendo así sus límites, tanto de los ciudadanos como de las instituciones del Estado, como del estado mismo, por lo que su cumplimiento no implica de ningún modo, un atentado a las libertades individuales, sino lo contrario, volviendo así a la libertad más efectiva, pues solo existe cuando respeta la de los demás.
Dicho de otro modo, cuando el Estado admite el uso de sus propiedades, instituciones, y más grave aún, la voluntad de sus funcionarios, deriva, la historia así lo demuestra, en uno de carácter totalitario; uno que impone un modo de ver, pensar y actuar de las personas, que pierden su estatus de ciudadanos, para apenas reducirse a una mera sombra de ello: un individuo.
Y un individuo no es por definición una persona.
Esa condición como sabemos la agudiza, de nuevo así lo demuestra la historia, cuando son las religiones las que procuran imponer su voluntad a través del estado.
El crecimiento de las iglesias protestantes en AL se corresponde con intereses políticos y económicos, porque responden a una agenda política establecida desde la administración Kennedy, e impulsadas a través de diferentes programas que procuran erosionar los esfuerzos progresistas latinoamericanos, cumpliendo un papel marginal en ello por su naturaleza conservadora y particularmente intolerante.
De ahí que la lastimosa acción señalada debe ser un recordatorio de la urgencia de conservar ese fenómeno que es por principio fundamental en el desarrollo social, político y económico de las naciones: el Laicismo de los Estados.
