Por Alonso Rosales
La presencia de Delcy Rodríguez como figura visible en foros internacionales que pretenden discutir “el nuevo orden latinoamericano” no es solo polémica: es una señal alarmante de cómo se intenta reescribir la realidad de Venezuela ante los ojos del mundo.
Rodríguez, actual “presidenta encargada” tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, no es una figura neutral ni representativa de una transición democrática. Es, por el contrario, una pieza clave del mismo aparato político que ha gobernado Venezuela durante años y que hoy intenta proyectar una imagen de estabilidad y legitimidad internacional.
Que sea ella quien participe —incluso por videoconferencia— en espacios internacionales de alto nivel, como foros económicos celebrados en Miami, enviando mensajes de “seguridad jurídica” a inversionistas, no es un gesto técnico: es una estrategia política cuidadosamente diseñada.
Más preocupante aún es el escenario: Miami. El epicentro de la diáspora venezolana. El lugar donde miles de exiliados han reconstruido sus vidas tras huir de una crisis política, económica y social devastadora. Que en ese mismo espacio se le otorgue tribuna a una figura del oficialismo no es solo contradictorio: es profundamente ofensivo para quienes vivieron las consecuencias de ese mismo sistema.
No se trata únicamente de quién habla, sino de lo que representa.
Estos foros internacionales, bajo la apariencia de diálogo y cooperación, terminan funcionando como plataformas de legitimación. Al sentar a representantes del poder chavista en paneles globales, se construye una narrativa peligrosa: la de un gobierno funcional, aceptado y válido en la comunidad internacional.
Pero esa no es la historia completa.
La realidad venezolana no puede maquillarse en conferencias ni en discursos cuidadosamente elaborados. No puede reducirse a promesas de inversión ni a tecnicismos económicos. Porque detrás de esas palabras hay una historia de instituciones debilitadas, de crisis prolongada y de una ciudadanía que aún lucha por condiciones democráticas reales.
Y hay algo aún más grave: el desconocimiento.
Fuera de Venezuela —y fuera de la experiencia directa de su diáspora— muchos no comprenden la profundidad de la crisis. Cuando ven a figuras como Rodríguez en escenarios internacionales, asumen que representan un proceso legítimo. Compran una versión incompleta, cuando no distorsionada, de lo que ocurre.
Por eso, callar no es una opción.
La diáspora venezolana tiene una responsabilidad: contar la historia completa. Recordar que la legitimidad no se construye en foros, sino en las urnas. Que la representación no se impone desde el poder, sino que se gana con la voluntad del pueblo.
Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán.
Y lo harán —como ya está ocurriendo— desde una narrativa que no refleja la verdad.
