Por Alonso Rosales
La región Caribe vuelve a posicionarse como el gran árbitro electoral en Colombia. La evidencia histórica es contundente: en las últimas cinco elecciones presidenciales, el candidato que logró imponerse en esta zona terminó ocupando la Casa de Nariño. Con más de 12 millones de habitantes —cerca del 22% de la población nacional—, el Caribe no solo representa un caudal decisivo de votos, sino también un territorio donde convergen poder económico, desigualdad estructural y dinámicas políticas profundamente arraigadas.
La región, integrada por departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena o La Guajira, aporta además un 15,7% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, esta relevancia económica contrasta con indicadores sociales preocupantes: la informalidad laboral ronda el 59,4% y la pobreza multidimensional supera el promedio nacional. Esta dualidad convierte al Caribe en un espacio clave no solo en términos electorales, sino también como escenario de disputa narrativa entre candidatos que prometen soluciones a problemas históricos.
Uno de los rasgos distintivos del Caribe colombiano es la persistencia de los llamados “clanes políticos”. Estas estructuras familiares, con fuerte influencia en alcaldías, gobernaciones y el Congreso, han consolidado redes clientelares que inciden directamente en los resultados electorales. Su capacidad de movilización —incluyendo prácticas como el transporte de votantes en zonas rurales— los convierte en actores imprescindibles para cualquier aspirante presidencial.
En este contexto, los principales candidatos han intensificado su presencia en la región. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha centrado su discurso en dos ejes: seguridad y tarifas energéticas. Su propuesta de reducir a la mitad el costo de la electricidad busca conectar con un malestar histórico en la región, donde el servicio ha sido caro y deficiente. Su estrategia también incluye alianzas con figuras tradicionales del poder local, lo que refuerza su estructura territorial.
Por su parte, Abelardo de la Espriella, el único candidato originario del Caribe entre los punteros, intenta capitalizar su identidad regional. Su discurso combina mano dura contra los grupos armados, reformas al sistema energético y expansión de proyectos de hidrocarburos. Aunque públicamente ha rechazado el respaldo de los clanes, diversas versiones apuntan a apoyos indirectos de sectores influyentes, lo que refleja la dificultad de desligarse completamente de estas estructuras.
En contraste, Iván Cepeda propone una visión alineada con las políticas del actual gobierno, apostando por la profundización de reformas sociales y la transición energética. Su plan busca convertir al Caribe en el epicentro de energías renovables, especialmente eólica y solar, además de impulsar la redistribución de tierras. Esta narrativa apunta a captar el voto de sectores históricamente marginados, aunque enfrenta el reto de competir con maquinarias políticas consolidadas.
Más allá de las propuestas, el Caribe también es un territorio marcado por la violencia. La presencia de múltiples actores armados —desde el ELN hasta el Clan del Golfo— evidencia una complejidad en materia de seguridad que no ha sido completamente abordada por las políticas actuales. Mientras algunos candidatos plantean respuestas militares, otros insisten en el diálogo, en un contexto donde los recursos del Estado son limitados y las prioridades podrían centrarse en otras regiones como el Cauca o el Catatumbo.
Así, el Caribe colombiano se convierte en un espejo de las tensiones estructurales del país: riqueza y pobreza, tradición y cambio, legalidad e informalidad. Su papel en las elecciones no es solo decisivo por el número de votos, sino por lo que representa en términos de modelo de país. En una contienda cerrada, el respaldo de esta región podría definir no solo quién gana, sino también hacia dónde se orienta Colombia en los próximos años
