Por Francisco Martínez
En la década de 1880-1890, en Alemania, el Canciller Otto Von Bismark, para frenar al movimiento obrero alemán, impulsó la creación de los programas de seguridad social, se creó el Seguro de Enfermedad (1883), el Seguro por Accidentes de Trabajo (1884); y, el Seguro de Invalidez y Vejez (1889). Famosa fue su frase: “Es necesario un poco de socialismo, para evitar tener socialistas”
En mayo de 1891, el Papa León XIII proclama la Encíclica RERUM NOVARUM, una denuncia de la situación de los obreros en las economías industrializadas, esta resaltaba en su inicio: “Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía… también sentenciaba“… deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos… han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada…”.
En 1919, se funda la OIT como respuesta a las injustas condiciones de trabajo en el mundo, que en su constitución establece: la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos; que el descontento constituye una amenaza para la paz y armonía universales; sentencia además, que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres.
En nuestro país, es hasta 1969, que se crea el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social, adoptando la política pública segmentada de previsión social (ya que se reconoce el derecho para los trabajadores con dependencia laboral, dejando por fuera a la mayor parte de la fuerza laboral del país). No obstante que en la Constitución de 1950 se reconocía este derecho humano en el artículo 187. En el sector público esto se formalizó hasta 1975 con la creación del INPEP.
El Salvador de la dictadura de nuevo tipo, que vivimos desde los años ´30 hasta los ´90 del siglo pasado, se caracterizó por el férreo control político-ciudadano, la negación de espacios democráticos y de derechos sociales. Las políticas públicas de desarrollo humano no eran parte de la estrategia nacional, a pesar de que la falta de políticas sociales-humanas era (y sigue siendo) el gran problema de la “seguridad nacional”. Incrementaron la pobreza y la desigualdad.
Entre 1950 y los años ´70, la dictadura impulsó la industrialización para el crecimiento económico mediante la sustitución de importaciones, se generó empleo formal y esos trabajadores demandaban sistemáticamente la mejora de sus condiciones de trabajo, salarios, prestaciones y seguridad social, la respuesta dictatorial en complicidad con el empresariado fue desarrollo y crecimiento económico con represión. La guerra civil fue el colofón de esa etapa.
En el mundo, durante los años ´60 y ’70 se dio el proceso de relocalización de la producción mundial en búsqueda las corporaciones de reducir los costos laborales y acercar sus productos a los centros de consumo; fue el agotamiento de los 25 años gloriosos en la Europa del bienestar social (sociedades cohesionadas) de la post segunda gran guerra.
A la caída del Estado del Bienestar, emergió Margaret Thatcher primero y Ronal Reagan después, con el régimen neoliberal global, con la bandera: para que la riqueza creciera había que reducir el papel del estado en la economía y focalizar las políticas públicas sociales, liberando las fuerzas del capital y del mercado; el neoliberalismo definió como sus enemigos: a los sindicatos, a la contratación colectiva y a los salarios dignos. Precarizaron las condiciones de trabajo mundiales.
En ese contexto, en El Salvador, la política pública de seguridad y previsión social no logró desarrollarse, las prioridades del país se centraron en la crisis política y en la guerra civil. En la posguerra, este tema se resolvió por el sálvese quien pueda y se dejó a las afp esta tarea pública.
Desde los sindicatos y las organizaciones sociales este tema no estuvo en la agenda y aún hoy, es un tema al que sólo reaccionan sin claridad de rumbo y desde una visión de beneficio a minorías.
Desde los años ´90 los gobiernos anteriores, han abordado este tema con un enfoque fiscal y no social, ni como cohesionador, ni eje de redistribución, véase las reformas de 2017 impulsadas por el FMLN para confirmar esto, y téngase en cuenta el Artículo 110 C de esa reforma, que incluyó entre los miembros del comité actuarial, a un representante del Banco Mundial BM o del Banco Interamericano de Desarrollo BID; los empleadores por su lado ven las pensiones como un gasto, si al caso, “necesario”, sin perspectiva social, no lo consideran factor clave para el aseguramiento y sostenibilidad de sus negocios, y, buscan formas para eludir.
En el marco de las políticas de liberalización de la economía que impuso ARENA desde 1989, el tema de las pensiones fue de las últimas medidas tomadas, esperaron a que se desmovilizara la vieja guerrilla y se diluyera en el esfuerzo electoral; y a que, el movimiento sindical y social se debilitara o vaciara hacia la acción partidista, para así, imponer la privatización de las pensiones.
Impusieron una reforma estructural que nos llevó de un sistema de cuenta solidaria (de reparto) a un sistema de cuentas individuales, incrementaron el porcentaje de la cotización del 3 al 13 por ciento; ajustaron los beneficios; ampliaron los requisitos para poder gozar de pensión pasando de un piso de 750 semanas (15 años de cotizaciones) a un mínimo de 25 años.
Utilizaron las debilidades del sistema solidario, que, por las razones de la crisis política y la guerra civil, no pudo ajustarse en los parámetros constitutivos. Y, aprovechando la ola neoliberal anti-estado, despotricaron contra las administraciones públicas de UPISSS e INPEP, nos metieron a debatir sobre si estaban o no en quiebra y nos pusieron el señuelo de que defender el sistema solidario era defender instituciones “quebradas” que pronto no iban a pagar las pensiones de los jubilados.
En aquella coyuntura, algunos, planteamos que la mejor opción era crear un Sistema Mixto Complementario, para eso se debían hacer los ajustes paramétricos correspondientes a los estudios actuariales que había que correr desde un enfoque sociodemográfico, no sólo financiero. Había que generar datos poblacionales y de mercado de trabajo, así como proyecciones econométricas de los sectores de la economía y un amplio diálogo social.
El tema se aprobó en los finales de 1996, sin debates, sin exposición de los estudios actuariales, sin considerar más opciones que la entronizada idea del modelo chileno de cuentas individuales bajo responsabilidad de las empresas AFP. Corrieron ante un posible cambio de la correlación legislativa en las elecciones de 1997.
Desde el principio se advirtió que esto era un negocio, dadas las características de país, la informalidad, estaba condenado al fracaso en perjuicio de los trabajadores y las finanzas públicas.
Se nos dijo que se ampliaría la cobertura, que las pensiones serían suficientes y que el Estado no tendría que endeudarse. Lo que ha sucedido tras 25 años de esa vergonzosa medida neoliberal, es una estafa a la sociedad y un desfalco al ahorro de los trabajadores.
Al Presidente Bukele, se le presenta el reto de corregir una de las medidas más leoninas de los gobiernos anteriores. Pero es también la oportunidad de mostrar su compromiso genuino por un país cohesionado, por la justicia social y la equidad de su población.
En términos objetivos, tiene la correlación legislativa para impulsar la reversión de esta draconiana ley SAP, cuenta con al aparato institucional para garantizar que se implemente un modelo público de pensiones universales y solidarias, y, cuenta con el respaldo ciudadano para lograrlo.
Pero, no podemos obviar que hay poderosas fuerzas que pueden inhibir o minimizar el alcance de una acción correctiva, además de las corporaciones financieras matrices de las AFP CONFIA y CRECER, está la banca multilateral que aprieta la soga de la deuda y con el crédito de 1300 millones, los gobiernos de las corporaciones involucradas que ya han puesto en boca de sus “voceros” que irán a arbitrajes internacionales; y, por supuesto la maquinaria reaccionaria que plantea ideológicamente, en síntesis, que es mejor que se salve cada quién.
Además, el tema es complejo y ha sido distorsionado no sólo en el discurso sino en sus beneficiarios, de tal forma que al hablar de los beneficios debemos tener en cuenta los diferentes segmentos de trabajadores. Por ello, la clave de solución está en la universalidad y en la responsabilidad del Estado.
Es pasar de un modelo Bismarkeano a un modelo más Bevergeano, en el que toda persona, en tanto miembro de la Sociedad tiene derecho a la Seguridad y previsión social. Como dirían en el new deal de F.D. Roosevelt, una política de protección social que haga frente a la crisis económica, que contribuya a erradicar la miseria y sea factor para evitar las convulsiones sociales, eso es la cohesión social.
Estamos por cumplir 2 meses desde que el Presidente Bukele, se comprometió a presentar una propuesta de reforma integral al Sistema de Pensiones, la expectativas y ansiedades crecen, la palabra empeñada es por un cambio estructural, por ellos es clave atender lo siguiente:
- La reforma integral de pensiones, necesariamente está atada a una reforma progresiva del sistema tributario, que cada quién pague según lo que tiene y según sus ingresos.
- Los beneficios de las pensiones contributivas deben ser teniendo en cuenta los diversos segmentos de trabajadores:
- Asegurar como tasa de reemplazo en pensiones por vejez no menos del 50 por ciento del Salario Básico Regulador de los últimos 60 salarios. Y, un plus por año trabajado por encima de la edad de jubilación equivalente al 4 por ciento, hasta los 65 años.
- Asegurar para los trabajadores que acumulan 25 años de cotizaciones una pensión contributiva mínima equivalente al mayor salario mínimo.
- Asegurar pensión equivalente al 70 por ciento del mayor salario mínimo, para trabajadores que hayan cotizado 750 semanas o 15 años al sistema.
- Asegurar pensión contributiva equivalente al 40 por ciento del mayor salario mínimo a trabajadores con cotizaciones de 250 semanas o 5 años de cotización y un plus de 3 por ciento por año adicional hasta completar los 15 años para obtener la pensión correspondiente de 750 semanas cotizadas.
- Asegurar pensión No Contributiva equivalente a 30 por ciento del mayor salario mínimo a todos los adultos mayores de 65 años, que no gocen de pensión contributiva. Más la devolución del saldo cotizado menor a 250 semanas o cinco años cotizados.
Además, tener en cuenta un plan de formalización laboral (contrato de trabajo-seguridad social) de los trabajadores independientes o por cuenta propia, con base a la EHPM 2020, en los próximos 3 a 5 años se puede incorporar a la seguridad social a:
- 360 mil Asalariados permanentes
- 353 mil Asalariados no permanentes
- 120 mil trabajadoras remuneradas del hogar
- 95 mil trabajadores cuentapropistas con local
Se debe considerar la reactivación del impuesto al capital, para que sea parte del fondo de pago de las pensiones No Contributivas.
Finalmente, no podemos ignorar que el bono demográfico está desvaneciéndose. Entre 2035 y 2045 nuestra población mayor de 60 años pasará a ser mayoría frente a las personas con edad menor de 15 años. En 2050, 2 de cada 5 personas tendrán menos de 30 años, en este momento todavía 2 de cada 3 personas son menores de 30 años.
Según CEPAL (2019), alcanzaremos nuestro pico poblacional en 2045 (alrededor de 7 Millones de personas).
Es verdad que se requiere construcción técnica, pero esta es una decisión fundamentalmente política. Los neoliberales de ARENA hicieron una reforma inconsulta, sin atender la llamada para sólo ajustar los parámetros de tasa de cotización, ajuste de beneficios, eficiencia del sistema, Y cobertura; ellos aprovechando la coyuntura internacional y con la correlación que tenían impusieron la privatización del sistema previsional.
Hoy, hay que iniciar el cambio estructural y en los próximos 10 años hay que calibrar el sistema con los requisitos técnicos, para ello se requerirá el censo de población y de mercado de trabajo y con esa base realizar el estudio actuarial que asegure la sostenibilidad del nuevo sistema público de pensiones y se programen sus ajustes periódicos.
La solución al tema previsional requiere medidas pensando en los escenarios poblacionales a 2050 y a 2100. Pero, este es el momento para iniciar el cambio que de seguridad a los salvadoreños para su edad de retiro de la vida laboral para que puedan vivir su vejez en dignidad y felicidad.
