Por: Carlos Domínguez
Muchos asuntos de interés público podrán ser conocidos hasta dentro de varios años. Quien quiera saber sobre el proceso de adquisición de vacunas contra el SARS- Cov.2 está bajo reserva hasta el 2026.
El acceso público al Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-Cov-2 y el registro de cabinas destinadas a la vacunación contra el SARS-Cov-2 podrá ser conocido hasta el 2024.
También tienen el sello de reservada la documentación elaborada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública sobre los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para Covid-19, a las distintas dependencias del Ministerio de Salud, la compra de publicidad y el Plan Nacional de Salud. (estas últimas desde 2019).
Si usted quiere conocer los detalles sobre los trabajos de demolición del edificio de la Biblioteca Nacional, los tendrá disponibles hasta el año 2028; entonces será revelado el Acuerdo Exterior de Ejecución del Proyecto de Asistencia Internacional del Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Cultura.
Estos son algunos casos concretos de los 281 tipos de reservas de información que hasta junio ha declarado el gobierno. Otro caso de opacidad es que no existe divulgación pública del anteproyecto del presupuesto general de la Nación del año próximo.
La Asamblea Legislativa se ha sumado al secretismo. Desde junio pasado ha reservado la información sobre el pago de salarios y otras prestaciones.
Mantiene bajo reserva hasta por 30 días después de terminado el proceso, los itinerarios de vuelos de misiones oficiales, seguros médicos de diputados o empleados legislativos; documentos de licitaciones públicas, contrataciones directas y órdenes de compra. También los expedientes relacionados a elecciones de segundo grado que realiza la Asamblea.
El catálogo inicial incluía la reserva hasta el 2028 de 20 rubros, como presupuestos de grupos parlamentarios, gerencias, unidades y departamentos; planillas, contrataciones de personal, pagos de salarios y compras públicas; pero hubo los diputados se retractaron.
Hay otras modalidades que se suman al secretismo, como la inexistencia. Las más reciente es que la institución que dispone de un fideicomiso de $ 150 millones para la aplicación del Bitcóin en el país, el Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL, ha declarado que no existen documentos que establezcan su relación con la empresa Chivo.
Además, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como “información inexistente” las declaraciones juradas de patrimonio de todos los ministros de la administración del presidente Nayib Bukele.
Completarán la opacidad el conjunto de reformas enviadas a la Asamblea Legislativa en julio por la presidencia de la República que promueve 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Propone que sea clasificada como secreta lo relacionado a enriquecimiento ilícito de funcionarios, viajes oficiales, datos de contratos públicos, listados de asesores, salarios de todos los empleados públicos; catalogará como confidencial la información financiera y patrimonial de los funcionarios.
También se propone que las oficinas estatales declaren reserva más de veinte tipos de información que actualmente debe ser disponible al público en forma oficiosa, es decir, sin solicitud.
