Por Juan Gasparini
Por 17 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió nombrar un “Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Rusia”. De America Latina y el Caribe, apoyaron la decisión Argentina y Paraguay, la rechazaron Venezuela, Bolivia y Cuba, y se abstuvieron México, Honduras y Brasil. El experto deberá ser elegido por el Presidente de este Consejo, el embajador argentino en Ginebra, Federico Villegas.
Pese a que Rusia ha sido suspendida de participar en este Consejo por su invasión a Ucrania, la medida de crear tal mecanismo de control contra un país mediante un experto independiente resulta una implícita condenación. En esta oportunidad se debe a pedido expreso de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que le reprocha a Rusia “el uso de la propaganda, legislación represiva y la violencia, generar clima de miedo e intimidación en la sociedad civil, y los activistas, y la clara relación existente entre la represión interna y la guerra en el extranjero”.
La resolución adoptada constata “graves restricciones a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto en línea como en espacios físicos, que se traducen en una represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos”, especialmente las mujeres, “que se enfrentan a amenazas en razón de su genero”. También señala la persecución contra “medios de comunicación independientes, periodistas, abogados, opositores políticos … y la ejecución extrajudicial de personas que critican al Gobierno”.
La ONU afirmó haber además recibido “denuncias de arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento masivos de representantes de la sociedad civil” en Rusia, incluyendo “personas pertenecientes a minorías y a grupos discriminados y marginados” a los que se les niega “asistencia jurídica, entre otros casos a detenidos”, junto a la “denegación de su derecho a un juicio imparcial”. Y deploró “el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva”, del “International Human Rights MEMORIAL, y el Centre for Support Of Indigenous Peoples of the Nord”.
Asimismo el texto fustiga el cierre de “medios de comunicación independientes , como emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos, entre ellos Novaya Gazeta, Eco de Moscú, y el canal de televisión Dozhd, las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte de las autoridades rusas, así como el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la información y a la infraestructura de comunicaciones y la intensificación de la censura y la desinformación”.
El Consejo a su vez tomó nota que Rusia “dejó de ser Alta Parte Contratante del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de 2022, y que actualmente están pendientes 17.450 demandas presentadas contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, sin olvidar “los reiterados aplazamientos de su examen ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, ratificado por Rusia.
En consecuencia, el Consejo le pidió al Relator que “vigile la situación de los derechos humanos en Rusia, recopile, examine, y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta dimensiones como la edad, el genero y la discapacidad cuando proceda”. Finalmente exhortó al gobierno ruso a “facilitarle” al experto independiente “el acceso al país”, y reunirse libremente “con las partes interesadas”, para que rinda un informe escrito dentro de un año en Ginebra.
