El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que vigila el cumplimiento de la Convención en la materia, le dio un plazo de un año a Colombia para que “nos de respuesta de cuales medidas se han tomado que esclarezcan los casos de desapariciones forzadas”, indicó Rainer Huhle, uno de los miembros del Comité, al presentar un dictamen de recomendaciones que se acaba de difundir en Ginebra, reveló la Agencia France Presse (AFP)
“Existe la cifra de 80.000 personas que no han sido localizadas desde 1938 a la fecha, sin saber lo que les sucedió, si son desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, y si ocurrieron dentro o fuera del conflicto armado; y se desconocen quienes fueron los responsables, queremos que Colombia nos de información, a más tardar dentro de un año”, precisó Huhle.
El dictamen pide a Colombia que “agilice el proceso de depuración y consolidación de la información sobre personas desaparecidas con miras a generar información precisa y confiable que permita adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces”, y que en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) figuren “todos los casos de personas desaparecidas, sin excepción, de manera uniforme, exhaustiva e inmediata “¦ y que se actualice permanentemente”.
Al respecto se añadió que Colombia avance “en la clasificación de la mayor cantidad de casos posibles”, y que genere “información estadística que permita conocer la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada en sentido estricto, esto es cuando hubiese agentes estatales presuntamente involucrados, directa o indirectamente, en la comisión del delito”.
“Sigue habiendo desapariciones forzadas en Colombia”, afirmó Luciano Hazan a la AFP, otro de los expertos del Comité. “Pedimos que se abran los archivos de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad, para que haya investigaciones eficaces y evitar cualquier forma de impunidad, y que las víctimas sean escuchadas”, recalcó.
“Cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal”, urge el documento, el cual insta a que se aceleren las investigaciones en curso, “incluyendo aquellas que se desarrollan en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz”.
También la ONU solicita Colombia que “continúe e incremente sus esfuerzos de búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, de búsqueda, respeto y restitución de sus restos”, actuando “de oficio y sin dilaciones … (y) cuando se tenga noticia de una desaparición”, se inicien investigaciones “llevadas adelante por las autoridades competentes, con la participación activa de los allegados de la” víctima si “así lo requiriesen”.
Ademas la ONU exhortó a Colombia a que asegure “que todas las acciones de identificación y restitución de restos tengan debidamente en cuenta las tradiciones y costumbres de los pueblos o comunidades de las víctimas, en particular cuando se trate de víctimas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.
No pudiendo ignorar “los esfuerzos desplegados en el marco de las negociaciones de paz entre” el gobierno y las FARC, “en las que se abordaron varios de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención y, tomando nota del resultado del plebiscito que rechazó el acuerdo final”, el Comité alentó a Colombia “a proseguir sus esfuerzos para garantizar la plena realización de los derechos de las víctimas de desaparición forzada”.
