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miércoles, 12 de mayo del 2021

La obligación de proteger a periodistas

Una opinión derivada del asesinato de Samuel Rivera, camarógrafo del grupo Megavisión, a manos de supuestos miembros de pandillas en una colonia de Ilopango, al oriente de San Salvador, el 16 de noviembre de 2017.

Se suma a la lista de 17 trabajadores o colaboradores de medios de comunicación fallecidos en el conflicto armado y los 13 tras la firma de la paz en 1992; en ese entonces, Samuel Rivas apenas rondaba los tres años.

En la mayorí­a de casos no hay resultados, lo que configura un patrón de impunidad de los crí­menes contra periodistas.

Periodistas de diferentes medios de comunicación pusieron su equipo en el suelo durante un homenaje a Samuel Rivas, del grupo Megavisión, asesinado el 16 de noviembre.Foto de Vladimir Chicas.

Instancias como la Relatorí­a de Libertad de Expresión de la OEA han establecido claramente que en los casos de violencia contra periodistas y otras personas en razón del ejercicio de la libertad de expresión, los Estados deben trabajar por cumplir obligaciones derivadas de los derechos a la vida, integridad personal y a la libertad de expresión:

Prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crí­menes.

Estas obligaciones de todo Estado (no gobierno), también los órganos responsables ““ como la Fiscalí­a General y la Policí­a Nacional Civil- son plasmados en documentos como el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.

Concretamente prevé que “la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.

¿Cuál es la importancia de combatir la impunidad de actos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación? Va más allá de lo que algunos creen es exigir privilegios para un sector, en un paí­s como El Salvador, en el que todo aquél que no cuenta con custodia personal está expuesto a ser ví­ctima de la violencia.

Se trata de que la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena (un concepto muy claro de impunidad) fomenta la repetición en forma crónica de violaciones de derechos humanos que deja a las ví­ctimas y a sus familiares, indefensos.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra un o una periodista implica, adicionalmente, un incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Un recordatorio de las obligaciones de los Estados con los crí­menes contra periodistas, también extensivo a todo asesinato. Ninguno debe ser impune.

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