Por Benjamín Cuéllar Martínez.
Este jueves 29 de diciembre cumple quince años de fallecido Rafael Ruiz Harrell, abogado criminólogo y periodista mexicano. En Londres “se aproximó al círculo de Bertrand Russell”, sostuvo Porfirio Muñoz Ledo; fue discípulo del pacifista británico, antiimperialista y Premio Nobel de Literatura. El singular Germán Dehesa lamentó quedarse “sin un amigo sonriente, bonachón y sabio”. Miguel Ángel Granados Chapa ‒primer director de “La Jornada”‒ aseguró que se codeó con gente poderosa como Miguel de la Madrid y, en lugar de adularla o formar “parte de sus camarillas, Ruiz Harrell se mantuvo apartado”; hasta sometió “a su compañero a un rudo examen a la mitad de su ejercicio presidencial” que incluyó en “Exaltación de ineptitudes”, libro dedicado a enjuiciar precisamente el presidencialismo en el cual ‒denunciaba‒ “se tolera al corrupto, se exalta al inepto y se miniaturiza a la sociedad a expensas de un solo hombre, que por eso termina con trastornos mentales”.
Alguien de ese talante, pues, no fue cualquier mortal que pasó por el mundo sin pena ni gloria. Algo sabía. Y no solo de criminología; también de derechos humanos. No en balde perteneció desde 1990, año de su fundación, al consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por eso, aprovechando un excelente texto suyo titulado “Criminalidad y derechos humanos”, abordaré algo de cara a la situación prevaleciente en nuestro país adonde –desde el primero de junio del 2019– impera el bukelismo.
Igual que los Gobiernos anteriores, previos y posteriores a la guerra, el actual maneja un discurso puntual que no tiene nada de “nuevas ideas”. Su cantaleta gira alrededor de lo mismo: acusarnos a quienes intentamos ser coherentes y consecuentes con la causa de los derechos humanos, de “defender delincuentes”. Impedimos, según las voces oficiales pasadas y presentes, la eficacia del combate contra la delincuencia. Y mucha gente que es víctima de esta, en su desesperación les creyó antes y se la cree ahora. Pero, ¿es cierto eso? Para nada.
Dos cosas me parecen primordiales del planteamiento de Ruiz Harrell. La primera tiene que ver con esa concepción que pretende mostrar los derechos humanos como aspiraciones etéreas; deseos “que pueden reducirse o cancelarse según lo exijan las circunstancias del momento o lo demande la opinión pública”, cuando en realidad son “derechos de los gobernados frente a los gobernantes”. No son ni concesiones ni regalos de ningún generoso patriarca.
En ese marco, por ejemplo, al escasear el trabajo entre las mayorías populares se genera y expande la pobreza. Pero esta “por sí sola” no propicia la criminalidad, afirma el jurista. Lo que la “dispara”, sostiene, es su “roce” con la riqueza; así, “los municipios que tienen el mayor número de crímenes por persona son, también, aquellos en los cuales la inequidad es más acusada”. Eso ocurre cuando la conducción de un país no procura la justicia social y el bien común; cuando incumple sus obligaciones constitucionales y legales por favorecer intereses ilegítimos. Esta es la segunda cuestión destacable hoy de la reflexión del mexicano quien asegura que “la criminalidad surge, sobre todo, del mal gobierno”. Totalmente de acuerdo.
Y al cancelar o limitar garantías procesales para “combatirla” –señala el experto– “se está torciendo deliberada y mañosamente el punto” pues estas “fijan, sin duda, límites y condiciones a la acción represiva de las autoridades, pero no para defender a los sospechosos de haber cometido un crimen, sino para defendernos a todos nosotros, a los ciudadanos, a los gobernados, de los excesos, arbitrariedades y violencias en que con tanta y tan lamentable frecuencia incurren los encargados del orden”. “Violar estos derechos humanos –prosigue– también aumenta la delincuencia”. ¡Claro que sí! Aumenta “la de la peor especie: la que cometen quienes dicen estar luchando contra ella”. Entonces, concluye, “violar los derechos humanos es alentar el crimen”.
Eso ya ocurrió en nuestro país y está ocurriendo hoy con el “bukelato”. También los ataques contra las y los defensores de la dignidad de las personas. El Socorro Jurídico Cristiano fue fundado en 1975; dos años después, monseñor Óscar Arnulfo Romero lo hizo suyo. Sus integrantes más visibles aparecieron en listas de la Fuerza Armada junto a quienes, según esta, había que perseguir “incesantemente” para que rindieran “cuentas por los daños causados a la patria”. Sufrieron persecución y exilio, desaparecieron a dos y sus oficinas fueron allanadas. Pero nada ni nadie frenó la labor del organismo en su investigación, documentación y denuncia rigurosa de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Lastimosamente, parece que la rueda de nuestra historia continúa patinando en la misma porquería.
