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domingo, 01 de agosto del 2021

La mal llamada institucionalidad

Se nos olvida rápidamente que si la Asamblea Legislativa se muestra cada vez más limitada en su cancha ha sido porque ellos mismos así lo han ido labrando, prostituyendo la política y las instituciones del Estado, repartiéndolas cual botín robado al pueblo. Hoy el juego cambia, con nuevos actores y una población ávida y expectante que le sean satisfechas sus necesidades y derechos, harta de los partidos que la han gobernado, y harta de diputados que no legislan buscando el bien común y que de manera indiscutible se han enraizado en la cosa pública para vivir a costa de ella. Lamentablemente, tanto partidos como diputados no solo han tratado de vender la mentira de que gobiernan para todos, sino que se la han creído.

No será ni la academia, ni las ongs, ni los think tanks quienes logren enrumbar la institucionalidad hacia los caminos que debiera. Treinta años de post guerra apenas han logrado una que otra cosa en esa materia, ojalá las fundamentales para que nuestra democracia no muera. El desmadre y fragilidad institucional y el hartazgo en la población heredado superó quizás el punto de equilibrio. Ahora, solo la sociedad misma parece que tendrá el control del juego. Pero lo más importante en este nuevo escenario es que quienes lo han construido son los mismos partidos políticos corruptos, los mismos funcionarios de las instituciones más relevantes en materia de institucionalidad que han politizado la justicia, la investigación fiscal, las reglas electorales y un vasto etc. etc.

La coyuntura generada con el llamado a la sesión de la Asamblea el día de mañana domingo 9 de febrero amparado constitucionalmente ha levantado alertas entre los más ilustres pensadores y analistas de este país, vaticinando escenarios que van desde la perdida de la institucionalidad, o al menos su amenaza, hasta la caída en una dictadura. Parte de la discrepancia en la lectura de estos hechos entre diferentes sectores poblacionales y fuerzas vivas del país es que los conceptos teóricos muy poco han logrado materializarse de manera directa, perceptible y benevolente a la población.

Las necesidades de supervivencia y la calidad de vida de las grandes mayorías, los sueños imposibles de alcanzar, las realizaciones personales no han sido resueltos ni por cerca por esa gran institucionalidad que todos y todas invocamos como si fuera algo etéreo. Y en medio de ese análisis se nos olvida plantear preguntas de fondo, ¿hay de verdad una institucionalidad? ¿hay instituciones o hay organizaciones? ¿cómo se concreta la institucionalidad en la vida de cada uno de los más de seis millones de salvadoreños? ¿trabajan esas instituciones para todos por igual? ¿de qué instituciones hablamos, de las que montan shows capturando corruptos de gran calibre para soltarlos a la vuelta, de las que se saltaron reglas electorales para cancelar un partido o de las que por años otorgaron subsidios a autobuses que ni siquiera circulaban? ¿de esas? ¿O hablamos de las que con madrugones nos impusieron una moneda extranjera, privatizaron la banca, las telecomunicaciones y las pensiones? Porque todos los ejemplos previos no son ineficiencia ni estupidez, han sido negligencia, maldad, corrupción y autoritarismo y nada de eso es la tan anhelada institucionalidad por la que tuvimos una guerra de 10 años y decenas de miles de muertos y desaparecidos.

En el fondo ese es el asunto y eso va mucho mas allá de llamar a 84 funcionarios públicos que se creen príncipes y princesas en un mal llamado edificio con un rótulo de bronce que dice “Palacio Legislativo”. Sin duda la institucionalidad debe ser un bien público, y como tal debemos todos resguardarlo, pero el asunto acá es que este país adolece de bienes públicos en todo el sentido de la palabra, no hay uno solo que nos una como sociedad, tal vez, y digo tal vez, el agua logre eso, pero por lo demás ninguno. El transporte público no lo es, se ha concesionado entre grupos parásitos de la política de los dos partidos que nos han gobernado en la post guerra, y allí vemos la calidad de transporte público que tenemos. La salud y la educación menos aún, si así fuera tanto academia como iglesias y empresa privada no hubieran quitado el dedo del renglón en estas décadas y al menos, digo, al menos tuviéramos infraestructura decente y digna. ¿El medio ambiente? menos. Y así seguimos enlistando y no hay un solo bien público, a lo mejor la Paz, ojalá ese si se haya ganado ese lugar, ¿pero la institucionalidad?, para nada.

Así que en esta ocasión los diputados torpemente como suele ser ante nuevas reglas y nuevos actores, nuevamente han quedado mal parados y si por un lado se juzga muy a la ligera la actitud del presidente como autoritaria, juzgar la de los diputados como políticamente torpes, socialmente negligentes y absurdamente “absolutos” es lo menos que les calza.

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