Últimamente, a muchos les preocupa que nadie se sitúe por encima de la ley, especialmente si esa persona es Nayib Bukele. Sin embargo, en nuestro país, circulando en libertad por sus calles, hay muchas personas por encima de la ley: los oficiales que ordenaron y ejecutaron la masacre del Mozote, algunos presuntos delincuentes financieros, políticos oscuramente enriquecidos a los cuales la justicia ya no puede tocar, etcétera, etcétera.
Recuerdo cómo hace diez años se debatía en la prensa sobre la abolición de la ley de amnistía. Algunos razonaban que, aun teniendo en cuenta el derecho a la justicia de las víctimas, se debía considerar un valor más alto: el de la estabilidad de nuestro sistema político. Además, nos decían, esa ley reflejaba una correlación de fuerzas: era el producto de una negociación condicionada, de un empate militar, y abolirla podía tener consecuencias nefastas.
Años después, estos partidarios ocasionales del consecuencialismo jurídico se nos presentan transformados en amantes fieles de los principios legales y su aplicación irrestricta, cueste lo que cueste. Y, evidentemente, a quien hay que aplicarle la ley sin medir las posibles consecuencias es a Nayib Bukele.
Sospecho que alguna gente oculta su voluntad de excluir a Nuevas Ideas de las próximas elecciones presidenciales detrás de argumentos jurídicos. Hacen su oscura política antidemocrática escudándose en el respeto a la ley. Pero no estaría de más que estos presuntos amantes de la legalidad reflexionasen sobre las posibles consecuencias de su juego.
Bukele, como bien saben ellos, ya no es el problema. El problema lo representa esa franja del electorado que manifiesta su voluntad de votar por él. Excluir de las votaciones a este sector del pueblo, claramente viciaría los resultados de la próxima contienda por la presidencia. Y quizás ese sea el problema: que Arena teme quedar segundo y el Frente quedar tercero.
Excluir, con malas artes, a los votantes de Nuevas Ideas de la participación electoral puede tener consecuencias negativas: la frustración de los ciudadanos que se vean excluidos del juego democrático no sabemos hacía dónde podría derivar en las actuales circunstancias. De producirse la exclusión de Nuevas Ideas, se ahondaría también la crisis de legitimidad de nuestra política. Viendo cómo está el panorama en Centroamérica (fraude electoral y represión en Honduras, movilizaciones ciudadanas y crisis del gobierno en Nicaragua, tensión en Guatemala) habría que ser prudentes y pensar que la convivencia ciudadana y la estabilidad del sistema político están muy por encima de los pequeños formalismos legales.
Si el partido de Bukele no tuviera expectativas políticas, ya estaría legalizado.
