Por Alonso Rosales
La justicia federal argentina dio un paso jurídico de alto impacto internacional al solicitar formalmente al Gobierno de los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro Moros, el depuesto presidente de Venezuela, detenido en Nueva York desde principios de enero de 2026, para que sea juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión en Caracas.
Un pedido judicial con base en la justicia universal
El pedido fue firmado este miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada en 2023 después de que organizaciones no gubernamentales y víctimas del régimen venezolano presentaran denuncias por detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y persecución política en Venezuela.
La solicitud se dirige a las autoridades estadounidenses mediante un exhorto internacional, que debe tramitarse por la vía diplomática a través de la Cancillería argentina y se apoya en el Tratado de Extradición existente entre Argentina y los Estados Unidos.
Argentina fundamenta su actuación en el principio de jurisdicción universal, consagrado en su legislación nacional y en el derecho internacional, que permite investigar y procesar delitos graves contra los derechos humanos —como los de lesa humanidad— aunque se hayan cometido fuera de su territorio y sin que las víctimas o los responsables sean argentinos. El país sudamericano cuenta con precedentes en este campo: investigaciones y pedidos de captura a líderes extranjeros por violaciones similares.
Según la causa argentina, las violaciones de derechos humanos se habrían producido de manera sistemática desde 2014, con agravantes después de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, donde diversos informes y testimonios aportados al expediente describen un plan organizado de represión contra la oposición y civiles.
La posición de Estados Unidos
Hasta ahora, no ha habido una respuesta pública oficial de la administración de los Estados Unidos específicamente sobre el pedido argentino de extradición, al menos en los principales reportes de prensa internacional disponibles al cierre de esta edición. Las autoridades estadounidenses —bajo la presidencia de Donald Trump— mantienen detenido a Maduro en Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, armas y terrorismo, y su proceso judicial sigue en curso en esa jurisdicción.
La captura de Maduro fue anunciada por el propio Gobierno de Estados Unidos tras una operación militar en Venezuela el 3 de enero de 2026, en la que fuerzas especiales estadounidenses condujeron su detención y traslado a territorio estadounidense, en lo que Washington describió como una acción para enfrentar delitos de narcoterrorismo y amenazas a la seguridad nacional.
En comunicados oficiales y discursos recientes, el Gobierno estadounidense ha defendido la legalidad de sus acciones contra Maduro alegando que su detención tiene base en un proceso penal por delitos graves tipificados en la ley estadounidense, y ha señalado que el proceso continuará conforme a su sistema judicial. Además, portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Estado han enfatizado que las autoridades han seguido procedimientos internos para estos casos, aunque no se han pronunciado públicamente sobre el pedido de Argentina de transferir a Maduro para ser juzgado también por crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción argentina.
La ausencia de una respuesta pública al pedido argentino deja abierta la posibilidad de un proceso diplomático complejo: Washington deberá evaluar si concede la extradición a Argentina mientras Maduro ya enfrenta cargos y un proceso en Estados Unidos, así como las implicaciones legales y políticas de una doble jurisdicción.
Contexto y desafíos futuros
El caso argentino pone de manifiesto la tensión entre justicia universal y soberanía penal internacional. Mientras Buenos Aires argumenta que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela justifican su actuación, Washington mantiene su prerrogativa de juzgar a Maduro por delitos bajo su legislación —en particular narcotráfico— en su propio sistema judicial.
Expertos en derecho internacional señalan que cualquier decisión sobre la extradición dependerá de múltiples factores jurídicos, incluidas las leyes de extradición de ambos países, la existencia de causas paralelas, y acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables.
Por ahora, la solicitud argentina se suma a un escenario internacional complejo que trasciende las fronteras de la justicia penal y pone de relieve las tensiones entre sistemas judiciales nacionales, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional en casos de crímenes atroces.
FUENTES, TELEMUNDO , LA NACION, EL TIEMPO
