Desde el 2013 cada dos de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Fue adoptado en memoria de dos periodistas asesinados en Malí aquél año: Ghislaine Dupont y Claude Verlon, de Radio Francia Internacional fueron secuestrados por cuatro sujetos al salir de una entrevista con un jefe del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad como parte de un especial sobre el conflicto en Mali, que se transmitiría días después.
Con la evidente distancia en el tiempo y contexto, pero en pleno siglo XXI ocurren crímenes que hacen recordar algunos de los sucedidos en El Salvador. Es el caso de Jaime Suárez Quemain, director de La Crónica del Pueblo, raptado junto a César Najarro, fotógrafo. También la emboscada contra cuatro periodistas holandeses en 1982 en Chalatenango por militares, según la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Todos tienen en común el sello de la impunidad.
Naciones Unidas alerta sobre el aumento de la magnitud y número de ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación; también de las maneras de afectar su trabajo, como amenazas de juicios, capturas, denegación de acceso periodístico y la negativa de investigar y someter a juicio a los implicados en delitos contra ellos.
Algunos están convencidos que eso pasa porque “se lo buscaron”, por “ser entrometidos”; expresiones que denotan desconocimiento de la naturaleza del ejercicio periodístico, porque ataques de ese tipo afectan a la sociedad en su conjunto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicó en el Informe sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, que en el 2018 aumento de asesinatos de periodistas en países donde no hay conflicto armado. La mayoría de víctimas trabajaban en asuntos relacionados a corrupción, tráfico de drogas e infracciones legales cometidas por políticos.
El Día internacional es un llamado a los Estados para que adopten acciones concretas de prevención de agresiones contra periodistas y garantizar que los responsables de crímenes sean enjuiciados. Un asunto importante que suele dejarse de lado es el derecho de los familiares a reparaciones.
La prevención incluye el estímulo del respeto a los periodistas por los funcionarios. Deberían asumir su responsabilidad y en caso de ser investidos de algún liderazgo, promover un discurso público de apoyo al ejercicio del periodismo y frenar el desborde de acciones antiprensa.
Un ambiente sin interferencias, como el uso de la publicidad oficial como premio o castigo por líneas editoriales, o el estímulo de prácticas como el acoso en línea principalmente contra mujeres periodistas, o hacer apología de la violencia contra ciertos medios por sus publicaciones, son indispensables para que exista libre circulación de ideas que permitan a la audiencia formarse criterios y tomar decisiones.
No actuar es fomentar la confusión, manipulación y desinformación. Es justo reconocer el aporte de los que han dado la vida por la verdad, pese a las amenazas e intimidaciones; y como expresó el secretario general de las Naciones Unidas en un mensaje con motivo de la conmemoración de este año: “su trabajo —y el de sus colegas caídos— nos recuerda que la verdad nunca muere. Tampoco debe morir nuestro compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión.”
