No somos pocos los hondureños que tenemos la impresión, triste impresión, de que el país, en lugar de progresar, retrocede. Hay como una percepción cada vez más generalizada de que vamos para atrás, o para abajo como dicen aquellos que ven en el pasado tiempos de menor penuria y mejor gloria. “Atrás” está la gesta morazanista y sus momentos de esplendor; la reforma liberal que, aunque inconclusa, abrió nuevos espacios a la modernidad; el reformismo villedista; la incipiente desmilitarización… en fin. En cambio, “abajo” no hay nada, es el vacío, el abismo insondable, la oscura profundidad…
Pero bien, al margen de los matices, lo cierto es que cada día crece la percepción del retroceso o la del inmovilismo, en el mejor de los casos. Los más recientes acontecimientos vinculados con la lucha anticorrupción sólo han servido para reforzar esa lamentable percepción y mostrar hasta que punto los promotores de la impunidad son capaces de llegar y descender.
La original sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación con la validez jurídica del Convenio que dio vida a la Misión de Apoyo de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la MACCIH, es una prueba – una más – de la ofensiva desatada para bloquear todas las iniciativas orientadas a reducir o eliminar los altos niveles de impunidad y corrupción que corroen el cuerpo social y sus diferentes órganos.
Los artífices de esa jugarreta jurídica, convencidos de su sapiencia y astucia, pretendieron darle a la sociedad gato por liebre, acudiendo al expediente de los “considerandos”, así como ciertos diputados recurren al procedimiento de la fe de erratas para distorsionar y retorcer a su conveniencia la letra y el espíritu de las leyes. Una parte de la ya famosa sentencia reconoce la constitucionalidad del Convenio y da un aparente respaldo a la MACCIH, pero otra parte, disfrazada en los Considerandos, pretende negar la viabilidad jurídica del órgano especializado del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción de alto impacto. Por arriba te apoyo y por debajo te socavo.
Y todo esto para frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad, para colocar un palo en la rueda de la MACCIH, para dificultar las iniciativas de la Unidad fiscal especial del Ministerio Público, para proteger a los corruptos. Todo forma parte de una ofensiva más general y amplia, la misma que cobró nueva fuerza con la forzada renuncia de Juan Jiménez, el antiguo vocero y conductor principal de la MACCIH. A partir de ese momento, los corruptos se envalentonaron y creyeron llegado el momento del desquite, la hora propicia para golpear a una MACCIH casi moribunda y en estado de confusión y languidez burocrática. Eso explica, entre otras cosas, el poco interés mostrado por las partes involucradas en nombrar un nuevo jefe de la MACCIH. Pareciera que al gobierno y a la Secretaría General de la OEA les ha gustado el interinato y quieren prolongarlo tanto como sea posible, asegurando así la conveniente inercia y el desánimo de la Misión de Apoyo.
La lucha contra la corrupción, que había encontrado un nuevo aliento en la acusación contra un grupo de diputados y en los anuncios de Jiménez sobre nuevos requerimientos fiscales en contra de connotados personajes del mundo legislativo, ha sufrido un brusco frenazo que amenaza con volverse retroceso y parálisis. La estrategia de los corruptos se orienta a construir una plataforma normativa, que devuelva fuerza y consistencia legal al sistema integral de corrupción e impunidad que la MACCIH había comenzado a desmantelar. No debemos permitir que tal cosa suceda.
La sociedad civil organizada, especialmente aquellos grupos o asociaciones vinculados al trabajo de incidencia política y de lucha a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, debe movilizarse, alertar a la población, denunciar las maniobras de los corruptos y develar el trasfondo hipócrita de la ofensiva de la corrupción en contra de la decencia pública y el manejo transparente de los dineros del Estado. No permitamos que los corruptos nos arrastren hacia el fondo del abismo, contaminando al cuerpo social con su propia podredumbre y hediondez.
Todavía estamos a tiempo de detener ese afán de retroceso e inmovilismo institucional, que niega la urgente modernidad y solo favorece a los promotores y responsables de una Honduras postrada y desintegrada éticamente.
