Invitados por el gobierno de Lenin Moreno, los Relatores de la ONU y de la OEA en materia de libertad de expresión y de opinión, David Kaye y Edison Lanza, visitaron Ecuador en 2018, cuyo informe común fue presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Constataron que “durante el mandato anterior (Rafael Correa, 2007-2017), se produjeron numerosas violaciones de la libertad de expresión que afectaron a víctimas a titulo individual y a la sociedad en su conjunto”, con el agravante que “la seguridad digital (fue) saboteada por el Gobierno, que había llevado a cabo ciberataques contra periodistas”, como se lee en el documento al calce.
“En sus reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas y otras personas, los Relatores Especiales observaron que la persecución ejercida durante casi diez años (sometió) a esos agentes a una presión considerable”
Asimismo, los expertos señalaron que el periodismo en ese país “como profesión (fue) socavado y desacreditado”, mientras laamentaron que “algunos de los miembros más valiosos de la profesión se habían visto obligados a abandonar el periodismo o el país por temor a las represalias y por falta de oportunidades o habían sufrido el efecto desalentador de las políticas antes mencionadas”.
Los expertos recordaron que “la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada en 2013, contenía diversas disposiciones que violaban normas internacionales sobre la libertad de expresión y se utilizaba como instrumento de persecución y de restricción indebida, lo que afectaba gravemente a las actividades de los medios de comunicación y del periodismo en Ecuador”.
Por otra parte, los informes indican que “las practicas del Gobierno anterior han dejado un legado de desconfianza pública hacia los periodistas y han puesto en duda la existencia de una prensa libre e independiente”, pues les inquieta que “ese clima de violencia contra periodistas, que antes se caracterizaba por un discurso estigmatizador y denigrante”, genere “la posibilidad de que los casos y actos de violencia contra periodistas sigan impunes, lo que contribuiría a que se produzcan nuevo casos”. De seguro ello motivó al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien a través de un videomensaje durante el debate en Ginebra, preconizó se indemnicen a las víctimas, entre ellas al menos 35 muertes dudosas en épocas de Correa, recabadas por la prensa.
Pese a ciertos reparos, entre otros, sobre “el derecho de rectificación y respuesta a cualquier persona afectada por publicaciones realizadas en un medio de comunicación”, y respecto a “la adjudicación de frecuencias”, ambos Relatores valoraron que en la gestión iniciada por el nuevo Presidente, Lenin Moreno el 24 de mayo de 2017, se modificó la citada ley, despojándola “del control sobre los contenidos de los medios de comunicación ejercido por la Superintendencia de la Información y Comunicación (antiguo órgano de regulación estatal de los contenidos), la derogación de una serie de disposiciones restrictivas de la libertad de prensa y de expresión, la prescripción del uso de medidas o mecanismos indirectos que puedan afectar a ese derecho, la prohibición de toda censura previa y el establecimiento de autorregulación de los medios de comunicación como forma de abordar las cuestiones propias de la ética periodística”.
Con ello, y tras recibir “información sobre las acciones judiciales de funcionarios públicos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos sobre la base de ciertas acusaciones, como la comisión del delito de difamación”, los dos expertos se refirieron al Código Penal. Alabaron que se haya despenalizado el “delito de desacato”, y eliminada la “injuria”, pero reprocharon que siga tipificada la “calumnia, (mediante) una formulación incompatible con las normas internacionales de derechos humanos”, y que continúen penalizadas “las expresiones que atentan contra el honor de una persona”, por la vía de normas “extremadamente onerosas” que obstaculizan el “ejercicio de la libertad de expresión”.
El “delito de calumnia” Ecuador lo define “como la conducta de quien, por cualquier medio, realiza una falsa imputación de un delito en contra de otra, lo que se sanciona con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. Tal “disposición no se ajusta al requisito de la necesidad, a saber, que sea la opción que menos restrinja el derecho protegido”, pues “al excluir la prueba de la veracidad de las afirmaciones en los casos en que el sistema de justicia penal ya ha dictado una sentencia definitiva, la norma establece una limitación radical y excesiva del derecho a la libertad de expresión en lo que respecta a la protección del derecho al honor”. Para Kaye y Lanza eso “equivale a una prohibición absoluta de referirse a determinados hechos y personas” al existir “una sentencia firme desestimatoria, lo que es incompatible con los principios de un sistema democrático, especialmente en el caso de los funcionarios públicos o de aquellos que aspiran a serlo”.
De hecho se suman otros elementos que los Relatores ponen en crisis, utilizados para dictar prisión de 15 a 30 días a una persona en virtud de manifestaciones que, “por cualquier medio, se profiera expresiones de descrédito, o “deshonra en contra de otra”, una “disposición sumamente vaga y ambigua y por lo tanto “¦ de efecto desalentador o inhibidor de las manifestaciones orales”, como asimismo los 5 a 7 años de cárcel previstos por la difusión de “noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero”, a raíz de “su efecto desalentador en quienes comentan sobre la economía, o los asuntos financieros, como los periodistas, los medios de comunicación y las instituciones académicas”.
