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viernes, 17 de septiembre del 2021

“La guinda de mayo que me robó a mi madre y mis hermanos”

El Salvador ya tiene tres sentencias internacionales de esclarecer el caso catalogado de lesa humanidad

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“”El primer enfrentamiento cuando la gente salió corriendo despavorida, era en un callejón donde quedó encerrada. Fue tipo tres de la tarde cuando empezaron con morteros, granadas, balaceras, ametralladoras. Ahí­ entraron con todo. En ese callejón murieron algunos porque unos pasaban encima de otros porque la cuestión era sobrevivir””. Margarita Zamora lo relata como si acabara de suceder; ella es una sobreviviente de la “Guinda de mayo”, un operativo militar antiguerrilla de finales de mayo de 1982 en el que perdió a sus cuatro hermanos y a su madre.

La operación militar inició el 27 de mayo y finalizó el 9 de junio de 1982 en la parte nororiente de Chalatenango. En dicho operativo el ejército habrí­a ejecutado varias masacres en diferentes zonas donde se encontraba población civil, además de las destrucciones de propiedades, cultivos y las viviendas, pero lo más grave fue la desaparición de niños y niñas, entre ellos, Mauricio de ocho años, Germán de cinco, José Orlando de tres años y Karla Catalina de nueve meses, todos hermanos de Margarita.

Una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2015 ordenó que se investigue la desaparición forzada de 11 personas ocurrida en la Guinda de mayo. La Sala admitió un habeas corpus a favor de las ví­ctimas y estableció que la responsabilidad en ese operativo recaí­a sobre la Fuerza Armada, a quien ordenaba colaborar en las investigaciones verificando sus registros.

"Dicha vulneración es atribuible especí­ficamente a los Batallones de Reacción Inmediata Atlacatl y Ramón Belloso, apoyados por efectivos de la Cuarta Brigada de Infanterí­a de El Paraí­so, la Brigada de Artillerí­a de San Juan Opico y la Fuerza Aérea salvadoreña, unidades militares identificadas como responsables de la Operación Limpieza", afirmó la Sala en un comunicado.

Margarita Zamora se encontraba cerca del lugar donde iniciarí­a el operativo. Varios guerrilleros de de Arcatao, Chalatenango, custodiaban la zona y sabí­an de la realización de la misión del ejército, por lo que evacuaron a las familias cercanas al cantón Los Amates, pensando que ahí­ estarí­an a salvo, pero fue ahí­ donde inició el operativo.

En la “guinda”, José Mauricio de ocho años se quedó atrás del resto de la familia en el caserí­o Los Orellana. Pedro, de 12 años, se queda escondido en unos zacatales, en el mismo lugar donde se quedó Mauricio quien le gritaba a Pedro, pero no le respondió porque tení­a miedo que si lo encontraban lo podí­an asesinar pues ya tení­a 12 años y lo podí­an confundir con un guerrillero. Ahí­ le perdieron la pista a Mauricio.

La familia de Margarita se encontraba en el caserí­o Los Dubones, Arcatao. Fueron evacuados por guerrilleros junto a las demás familias rumbo a Los Amates donde inició el ataque. “”Mi papá cargaba a José Orlando de tres años y mi mamá cargaba a Germán Rutilio de cinco años y a Karla Catalina de nueve meses. Mi mamá se quedó atrás y mi papá adelante por un posible enfrentamiento pero ahí­ era sálvese quien pueda. Orlando de tres años se le tiró de los brazos y no supo si habí­a sido baleado y siguió corriendo. Mi mamá que iba detrás con los otros dos niños, encontró a Orlando y se lo llevó. Logra llegar al cantón El Bají­llo de Nueva Trinidad. Hasta ahí­ la vio un familiar de mi papá por última vez””.

Su madre corrí­a sin fuerzas, sufriendo fiebres y cuidando de sus tres hijos restantes. Se quedó refugiada. Ella ya no aguantaba porque los niños iban sangrando los pies. Se iba a quedar ahí­ y a que se hiciera lo que Dios quisiera.

Margarita sostiene que la Fuerza Armada niega la existencia de documentos de ese operativo, aunque: “cuando hemos logrado hablar con exmilitares de bajo rango, sostienen que deben de haber registros y archivos en alguna parte”,

El Estado salvadoreño tiene tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le obliga a investigar, individualizar y sancionar a los responsables de este caso.

Los únicos avances en el caso han sido la resolución de 24 de 55 casos de desapariciones, entre reencontrados, otros que viven en otros paí­ses y localizados fallecidos. Falta resolver 35 casos de desaparecidos.

“”Tengo la esperanza que aparezcan algún dí­a o por lo menos conocer la verdad. Si fueron asesinados, yo necesito saberlo””, añora Margarita.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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