A las 10 de la noche del 24 de noviembre de 1982 unos hombres llegaron por José Vásquez, junto a él se llevaron a otros cuatro hombres, los torturaron, querían saber de qué grupo guerrillero eran, pero no pertenecían a ninguno. Eran trabajadores en una cooperativa, no manejaban armas, tampoco ideas revolucionarias.
José tenía esposa y cuatro hijos, el menor tenía tres meses. Más o menos una hora pasó desde que lo sacaron de su casa y sus verdugos regresaron con él. No hablaba, estaba lleno de sangre, solo hizo gestos a Dionisia Landaverde de Vásquez, su esposa, para que le buscara los zapatos, no quería caminar descalzo en la calle empedrada. Fue la última vez que ella lo vio con vida.
- José ya no habló, le habían cortado la lengua, estaba todo herido y ensangrentado. A mi esposo lo torturaron por gusto, el no pertenecía a nada, trabajaba por nosotros– dice Dionisia.
Recuerda cómo la madrugada del 25 de noviembre pasó escuchando los golpes de una pequeña hacha, los gemidos de dolor de su esposo y de los otros hombres, escuchaba las risas y gritos de los verdugos.
- A ellos no los mataron a balazos, los mataron lento, a pura tortura.
La mujer que ahora tiene 64 años es una de las familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en el caserío Las Canoas (1980) donde fueron asesinas 23 personas mientras departían un almuerzo; Metapán (1982), murieron siete personas, incluido José; y en Texistepeque (1986), donde fueron ultimadas dos. Los tres lugares son de Santa Ana.
Dionisia llegó a finales de agosto a la morgue del cementerio de Santa Ana junto a decenas de familiares de otros asesinados a recoger las osamentas de las víctimas para que más de 30 años después fueran velados y enterrados en una fosa común. Los restos fueron entregados por la Fiscalía General de la república (FGR) aún sin reconocer, pese a que fueron exhumados en 2007.
Las autoridades de la fiscalía santaneca autorizaron la exhumación en 2007, a petición de los parientes de las víctimas, para realizarle pruebas de ADN, compararlas con los familiares e identificarlos. Luego los restos serían devueltos a los familiares para que se les diera digna sepultura. Se suponía que para febrero de 2010 la Fiscalía devolvería los restos óseos a sus familiares, pero no fue así.
Fue el 26 de agosto de este año que recibieron las osamentas. Los delegados de la FGR fueron sacando uno a uno los huesos de las víctimas y las ropas que llevaban el día que fueron asesinados. Hacían el reconocimiento de cada contenido que había dentro de las cajas de cartón en las que fueron metidos cuando fueron exhumados. Anotaban cada detalle de lo que entregarían a los familiares porque las osamentas siguen siendo parte de una investigación y fueron entregadas en “calidad de depósito”.
Muchos de los que llegaron conversaban y se cuestionaban entre sí por qué después de casi diez años la FGR no actuó e investigó para entregarles de una vez por todas las osamentas identificadas y así cada familia podría enterrar a su ser querido y poner una cruz con su nombre.
Ante esto el fiscal Daniel Domínguez dijo que se debe a que el Instituto de Medicina Legal (IML) no posee los reactivos para hacer la identificación científica; además porque los restos son muy viejos y se están pulverizando.
Frente a la mirada de todos los familiares, Domínguez explicó que las osamentas que habían sido puestas en pequeños ataúdes no pueden ser violentados, ni retirados del cementerio en el que fueron enterrados, porque si no tomarían acciones legales en contra de la representante de las víctimas, la abogada Claudia Interiano, pues ella es la responsable de cada una de las osamentas.
Interiano aseguró que si la FGR hubiese realizado las investigaciones correspondientes después de la exhumación hace nueve años cada familia hubiese tenido la oportunidad de da el último adiós y no pasar “por una revictimización” en la que no saben a quién llorarle o ponerle flores porque no lo dice el ataúd, ni la plancha de cemento que se puso en las fosas comunes. Los restos fueron entregados sin identificar por orden de la nueva jefatura de la FGR.
El día del entierro de las osamentas, Dionisia tenía la mirada perdida, lloraba sin consuelo y despidió a su esposo, asegurándole que él siempre fue el amor de su vida.
- Cuando lo mataron a penas teníamos siete años de casados, nos hizo falta mucho por vivir. La guerra nos robó sueños, nos marcó. Pensé que este momento no me dolería tanto por los años que han pasado, pero me duele. Que me digan ¿cómo sanar mis heridas y la de mis hijos?- Reclama Dionisia.
La masacre de Las Canoas fue una de las centenares que fueron ejecutadas, según la Asociación Madelaine Lagadec, en operativos contrainsurgentes del ejército salvadoreños, basadas en tácticas de “tierra arrasada” con la finalidad de restarle apoyo a la guerrilla de parte de la población, especialmente en las zonas rurales.
Esta masacre tiene el tinte de muchas otras que se cometieron en el período de la guerra: injustificadas, dejaron a decenas de familias en la incertidumbre de querer saber dónde están sus seres queridos, siguen sin respuesta satisfactoria de parte del Estado y por lo tanto, reina la impunidad después de tantos años.
