Por Fredis Pereira
La gestión documental que contribuye en la lucha contra la corrupción debe garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos a lo largo del tiempo. La gestión documental es parte del quehacer de la administración pública y un rasgo indispensable de la buena administración y el buen gobierno. La gestión documental debe ser ecoeficiente y eficaz en garantizar la transparencia sobre el quehacer de los gobiernos y de las administraciones a lo largo del tiempo. Así, previene actos de corrupción y facilita las pruebas para denunciar los ilícitos a lo largo del tiempo.
La gestión documental que contribuye en la lucha contra la corrupción cumple con el principio de máxima publicidad. Esto requiere que las administraciones obedezcan, sin evasiones y elusiones, el mandato legal de hacer disponible la información oficiosa y la información pública. Esto no puede esperar a que la voluntad de los corruptos disponga hacerlo, sino que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe tomar acciones de oficio para garantizar esta disponibilidad de información al pueblo. Ahora, no vemos esta acción del IAIP, pues, por ejemplo, cuando uno revisa el portal de transparencia de la Universidad de El Salvador se descubre que está desactualizado y no contiene toda la información que ordena la ley, a pesar de que en esta universidad se forman a los expertos en gestión documental.
La gestión documental ecoeficiente logra que la lucha contra la corrupción sea sostenible. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción sólo tiene sentido si se cuenta con pruebas para denunciar y castigar a los corruptos. La ecoeficiencia de los procesos de gestión documental exige contar con recursos para registrar los hechos y actos de las administraciones y de los gobiernos, sin poner en riesgo el bienestar del pueblo en el largo plazo. Un gobierno que lucha contra la corrupción debe garantizar estos recursos para viabilizar la gestión documental en todo el Estado, pues los beneficios de luchar contra la corrupción son en bienestar para el pueblo en el corto y largo plazo.
La gestión documental comprometida contra la corrupción elimina las barreras burocráticas. Esto significa que los procedimientos deben ser sencillos y expeditos. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dispuesto normas con el objeto de mejorar las regulaciones y eliminar las barreras burocráticas. Es importante eliminar los trámites innecesarios que solo producen volúmenes de documentos que no generan valor público, y que hacen más complicadas las investigaciones contra la corrupción. La actualización de los documentos y registros debe ser facilitada, no como sucede cuando se quiere cambiar la fotografía en el Documento Único de Identidad (DUI), que el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ha dispuesto que cuando un ciudadano ha extraviado su DUI y lo repone, no se le permite cambiar su fotografía. Esto representa una barrera burocrática, pues, en un trámite análogo de reposición de un pasaporte dentro de la Dirección General de Migración y Extranjería sí se permite y se exige cambiar la fotografía al reponerlo. Ahora que, en el DUI vigente aparezca la foto de hace más de 10 años, muestra una debilidad en cuanto a su fiabilidad del registro por estar desactualizado, que trae consecuencias sobre el sistema electoral y en las tareas de identificar y localizar a los posibles criminales.
La gestión documental que contribuye en la lucha contra la corrupción es incompatible con el anonimato de los empleados públicos. Alegar que los nombres de los empleados y sus hojas de vida son datos personales para mantenerlos confidenciales dificulta la lucha contra los actos de corrupción. En las redes de corrupción pueden participar empleados públicos. Desconocer los nombres de los empleados públicos haría imposible denunciar sus actos ilícitos. La identidad de los empleados públicos facilita denunciarlos, por ejemplo, por el incumplimiento de la jornada laboral; sin embargo, la pluralidad de las posibles infracciones ejecutables por un empleado público es extensa, que incluye la participación en actos de corrupción. Recordemos ahora que durante el gobierno corrupto de Elías Antoni Saca (Tony Saca), en la trama del pago de sobresueldos participaron varios empleados públicos, incluso un motorista. Conocer la identidad de los empleados públicos contribuye a que los ciudadanos participen en detectar y denunciar los empleados corruptos. Esto es indispensable en la buena gestión documental, pues no tiene sentido esperar 30 años para que sea la Fiscalía General de la República la que haga una investigación, cuando el daño sea imposible de revertir.
