Entre el 16 y 17 de noviembre, en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, fue retenido el legendario grupo musical Guaraguao para finalmente ser expulsados de territorio hondureño mediante argucias y falsedades, explicando en rueda de prensa las autoridades migratorias que los músicos presentaban en su documentación irregularidades sin ser estas señaladas.
El hecho revela no solo ausencias institucionales crasas, sino además una manifiesta intolerancia política hacia quienes expresan idearios opuestos a los del régimen.
Para interpretar los hechos, el conocimiento de algunos datos es necesario: El 71% de los candidatos a diputación y al ejecutivo se someten a reelección a pesar de que ésta figura es desconocida por la constitución hondureña, la que sin embargo y mediante irregulares dictámenes de la CSJ en 2015, constituyó un vacío de ley que el TSE utilizo para validad, de espaldas a la constitución, tales reelecciones.
Esto porque tanto el TSE como la CSJ son una extensión presidencial desde el golpe en 2009, pues para legitimarlo la institucionalidad se redujo a un legalismo que constituye un eco del ejecutivo, que a su vez es una extensión de los poderes económicos constituidos por el 5% de la población (Banco Mundial/CEPAL), lo que ubican a Honduras como la segunda nación más marginal estructuralmente del hemisferio, después de Haití.
Por otro lado y desde el golpe la economía se volvió salvajemente extractivista, provocando desarraigo poblacional en favor del poder financista, derivando en más pobreza, marginación y violencia ““ superando proporcionalmente a la generada por los carteles en México ““ lo que es recogido en los informes del BID de 2015-2016, y que se evidencia por la destrucción sin precedentes del entorno natural y originario hondureño.
Se suma a ello la ausencia de seguridad casi absoluta, expresada en asesinatos impunes de activistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como de líderes indígenas.
Estas condiciones y la ausencia de institucionalidad han gestado el giro hacia el progresismo que al amanecer del lunes 27 brindaba al opositor Nasralla una ventaja de hasta un 5,17% del oficialismo, reduciéndose a la noche del 28 a 1.47% de acuerdo al cuestionado TSE, provocando acusaciones de fraude por parte de opositores así como de observadores que también manifiestan su preocupación por la creciente movilización de tropas en el interior, que recuerdan el fraude de 2013.
Es decir, a la carencia de legitimidad se suma la ausencia de credibilidad, así como de manifiesto irrespeto por la norma, que es manipulada, pero además descarnadamente corrompida en favor del fin último que es la apropiación del poder por parte de los sectores conservadores y elitistas, que abrazan una concepción medieval del poder y desconocen abiertamente toda expresión progresista, aglutinando en su entorno las diversas manifestaciones de poder que manipulan en su favor mediante los métodos que sean necesarios.
Entonces, el previsible resultado del proceso en cuestión, no deberá extrañarnos, pues traduce sin duda a la más cavernaria de las democracias centroamericanas, y que es además, una dócil de las inquietudes más intransigentes norteamericanas para el área.