La descolonización del Sahara Occidental en manos de la ONU

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Podí­a parecer un caso abandonado, pero luego de seis años de silencio, Naciones Unidas reinició en diciembre pasado las conversaciones de paz entre el Frente Polisario y Marruecos, que se disputan el Sahara Occidental.

Dos “mesas redondas” celebradas en Ginebra, bajo los auspicios del mediador de la ONU, el ex presidente alemán, Horst Kí¶hler, revelaron que perdura el dilema de fondo: Marruecos quiere anexar la totalidad del territorio y la población en litigio mediante una autonomí­a dentro de su monarquí­a democrática (y de seguro islámica y autoritaria), mientras que el Frente Polisario, tal vez el movimiento de liberación nacional más antiguo aún existente sin tomar el poder, mantiene la reivindicación del referéndum de autodeterminación saharaui, para que los habitantes y sus descendientes heredados del colonialismo español, arbitren a favor o en contra de la independencia.

El tiempo apremia. En un mes el Consejo de Seguridad de la ONU, debe prolongar, o disolver, la fuerza de paz instalada para separar a los beligerantes y garantizar el cese el fuego dispuesto el 6 de septiembre de 1991, conocida por su acrónimo MINURSO. El apuro lo impone la Administración Trump, que viene recortando su aporte a la financiación de la solución pacifica de los conflictos, en Palestina, Chipre y Africa. En el Sahara Occidental están en juego la suerte de unas 500 mil personas, el destino de una superficie de 288 mil kilómetros cuadrados, equivalente a la mitad de España, con las mayores reservas de fosfato del planeta, rico también en sal, arena, petroleo, frutos de las palmeras y vegetales marinos, cuyos 1400 kilómetros de costas son expoliadas de 90.000 toneladas anuales de pescado por el pillaje pesquero clandestino cometido por Marruecos, gracias a las complicidades de España y Francia, y pese a decisiones contrarias del Tribunal Judicial de la Unión Europea (TJUE).

La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que convocó las “mesas redondas” sobre el Sahara Occidental en Ginebra, adoptada el 31 de octubre de 2018, invitó también a la participación de Argelia y Mauritania en los debates, por su influencia histórica en la zona. Encomió a buscar “una solución polí­tica justa, durable y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sahara”. Instó a que las partes hagan “prueba de realismo y un espí­ritu de compromiso” para alcanzar un acuerdo “realista, pragmático”, tomando en consideración que “el statu quo no es aceptable”. Y felicitó a la MINURSO por sus “esfuerzos” para organizar “un referéndum en el Sahara Occidental”.

El contenido del texto de la ONU recogé la filosofí­a de la descolonización vigente en la ONU desde el 14 de diciembre de1960, para favorecer “el movimiento en pro de la independencia en los territorios en fideicomiso y en los territorios no autónomos”, con el objeto de “poner fin al colonialismo y a todas las practicas de segregación y discriminación que lo acompañan”. En virtud que “todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación”, y con el propósito que “puedan ejercer pací­fica y libremente su derecho a la independencia completa”, la Asamblea General de la ONU consideró igualmente entonces, que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un paí­s es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esa Asamblea General, el parlamento de la ONU, con sus ahora 193 Estados, lo confirmó y amplió el 7 de diciembre de 2018. Aportó “su apoyo una vez más a las aspiraciones de los pueblos bajo dominación colonial a ejercer su derecho a la libre determinación, incluida la independencia, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la descolonización”, lo cual lleva la aplicación a “territorios concretos”. Exhortó a las “potencias administradoras” de esas tierras y poblaciones identificadas para ser descolonizadas, a velar que las “actividades económicas “¦ no tengan consecuencias perjudiciales para los pueblos de esos Territorios, sino que promuevan su desarrollo, y a que los ayuden a ejercer su derecho a la libre determinación”.

Dichas “potencias” no deben tener “actividades” ni “bases militares” y reconocer a los habitantes autóctonos “su derecho inalienable “¦ a sus recursos naturales y su derecho a establecer y mantener el control sobre la futura explotación de esos recursos” y la “propiedad” de dichos Territorios, susceptibles de recibir ayuda para fortalecer su economí­a, y asistencia “bilateral como multilateral”, acoger “misiones visitadoras” y “buenos oficios para ayudar a impulsar el programa de descolonización caso por caso”. De momento, el 80% de la superficie del Sahara Occidental, está ocupada militarmente por Marruecos. Actualmente, en sus cárceles se contabilizaban 33 presos polí­ticos saharauis, al tiempo que 165 mil de sus compatriotas, viven refugiados en campos de migración argelinos, o exilados en otros paí­ses. “Los 1400 kilómetros de costa atlántica y las aguas adyacentes del Sahara Occidental están controlados por el estado marroquí­”, que “es uno de los primeros productores de pulpo del mundo. Sin embargo”, en el espacio atlántico de la monarquí­a islámica de Mohamed VI, “no hay pulpo. Marruecos carece de soberaní­a legal sobre el Sáhara Occidental, y actúa como una potencia ocupante de facto”, explica en sustancia un reciente Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE, 25/3/2019), publicado en Barcelona.

Para llegar a objetivo fijado por el mediador Kí¶hler, de “una solución polí­tica mutuamente aceptada “¦ que sea realista, pragmática, perenne, basada den el compromiso, justa, durable y que permita la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental conforme a lo resuelto por el Consejo de Seguridad de la ONU”, Marruecos propone la autonomí­a, conforme a su Reino islámico autoritario, adosada como una nueva provincia del “sur”. El Referendum y la independencia, “no están a la orden del dí­a”, afirmó el jefe de la delegación marroquí­ en las conversaciones de Ginebra, Nasser Baurita, ministro de relaciones exteriores del régimen chérifien de Mohamed VI. En cambio, para el Frente Polisario, solo la consulta electoral, en el marco del censo efectuado por España en 1974, depositaria en los votantes la decisión en torno a la independencia. “Si perdemos, abdicamos de nuestra reivindicación de la independencia”, concluyó el representante del Frente Polisario, Jatri Aduh, presidente del Parlamento de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD).

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Juan Gasparini
Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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