Por: Francisco (Chico) Campos
La seguridad privada en El Salvador, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se erigió como el principal salvavidas laboral para miles de excombatientes. Tras la desmovilización masiva, miembros del Ejército, extintos cuerpos de seguridad y de la guerrilla del FMLN, que poseían entrenamiento táctico, pero carecían de educación formal, encontraron refugio en las florecientes agencias de seguridad. Hoy en día, aquellos jóvenes de los años 90 son hombres de la tercera edad, en sus 60 y 70 años, que se ven obligados a continuar trabajando debido a las escasas oportunidades, la falta de pensiones dignas y la insuficiencia de los programas de reinserción. Es habitual observar a estos adultos mayores afrontando turnos extenuantes, a menudo de 24 horas, portando armas pesadas por un salario mínimo, librando una batalla diaria por su supervivencia económica.
Este sector, basado en un modelo de tercerización, traslada apenas el salario mínimo al vigilante, y en muchas ocasiones ni siquiera eso, a pesar de las altas cuotas que cobran a las empresas contratantes. Las denuncias por prácticas abusivas son frecuentes, incluyendo la retención ilegal de cuotas del Seguro Social (ISSS), renta y pensiones (AFP), cobros arbitrarios por uniformes y equipo, impago de nocturnidades y asuetos, y retrasos injustificados en el pago de salarios. Esta trágica realidad afecta de manera desproporcionada a la tercera edad, quienes, tras décadas de arriesgar sus vidas, se encuentran sin derecho a pensión o atención médica adecuada debido a la evasión de responsabilidades por parte de las agencias subcontratistas.
Durante la década de 2010 a 2020, estos trabajadores se convirtieron en un blanco frecuente para las pandillas. Al custodiar negocios y rutas de distribución, representaban el primer obstáculo para las extorsiones, o “renta”, impuestas por los grupos criminales. En 2019, 35 vigilantes privados fueron asesinados, y la cifra alcanzó los 23 en 2020. El Mercado Central de San Salvador fue un escenario recurrente de esta violencia; en octubre de 2014, un vigilante fue asesinado frente al edificio 5, sumándose a los siete fallecidos reportados en la zona durante ese año.
Los enfrentamientos armados fueron parte de la cruda realidad que estos hombres debían afrontar. En marzo de 2017, el centro de San Salvador presenció una serie de tiroteos que dejaron seis muertos, incluyendo un vigilante privado y cinco pandilleros, incidentes que la Policía atribuyó a una venganza de los vigilantes por las extorsiones a los vendedores. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, otro agente de seguridad privada fue asesinado dentro de un edificio del Mercado Central, atacado por sujetos que se hicieron pasar por predicadores.
Las fotografías capturadas entre 2010 y 2020 ilustran estas precarias condiciones. Desde vigilantes custodiando camiones repartidores de gas en zonas rurales o viajando hacinados en la cama de un pick-up de la empresa de seguridad, hasta imágenes que reflejan el trágico desenlace de esta labor: un vigilante asesinado en su puesto de trabajo en una pupusería. Estas imágenes son un testimonio gráfico de una generación de excombatientes que, tras sobrevivir a una guerra civil, se vieron obligados a enfrentar una nueva guerra en las calles por su supervivencia económica y física.
