El analista y economista colombiano Luis Jorge Garay, aseguró este jueves que la corrupción se ha apoderado de los Estados latinoamericanos a un nivel sistemático a través de la intervención de estructuras criminales diversificadas en las que participan "agentes legales, ilegales y opacos" que producen impactos perversos sobre la sociedad.
Garay, quien presentó su libro “El gran libro de la corrupción en Colombia”, en el que también participó el experto Eduardo Salcedo-Albarán, dijo que en los últimos años se ha pasado de la corrupción "caso por caso" a la "captura del Estado como algo sistemático" y en un estadio más grave a "la macro-corrupción y cooptación institucional por la vía corporativa", un fenómeno en el que intervienen las elites políticas y económicas.
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"El sistema de la democracia liberal se rompió porque porciones de la gran elite corporativa están actuando criminalmente en muchas ocasiones", afirmó.
Este fenómeno es palpable en escándalos como el de la constructora brasileña Odebrecht, que salió a la luz con la investigación del caso "Lavajato" y se extendió a otros países.
Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre de 2016, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para obtener licitaciones de obras públicas.
"Estamos ante carteles de corporaciones que cooptan las instituciones públicas y privadas en operaciones trasnacionales con apariencia de legalidad", dijo Garay en la presentación del libro.
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, que intervino en el acto, afirmó que para combatir la corrupción hace falta más "control y sanción social" así como mayor cooperación judicial porque un alcance trasnacional como el que tiene este problema actualmente requiere una acción conjunta de la justicia internacional.
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"El concepto de soberanía se derrumba frente a la fuerza de la corrupción trasnacional", afirmó Carrillo, quien explicó que las redes criminales se tejen de tal manera que "son de una gran complejidad para la investigación".
En ese punto, defendió la necesidad de "refundar la ética y la moral pública" y cobrar mayor responsabilidad penal de las personas jurídicas para que respondan por los delitos que cometen en las empresas.
"El velo corporativo se convierte en un blindaje para gestores de las empresas", lamentó el procurador.
